El PSOE fue ayer el único grupo parlamentario que votó a favor de la convalidación del real decreto contra el empleo sumergido en España, ya que el resto de los partidos considera que es una imposición de la Unión Europea que no logrará frenar el trabajo irregular en nuestro país. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, defendió el decreto asegurando que el "combate contra la crisis y la desconfianza en la economía española" pasa por "recuperar el mayor número de cotizantes posible". Pero para la oposición el decreto supone una "penosa amnistía" y decidió abstenerse en la votación para no ser "corresponsables" de un plan cuya eficacia ponen en duda.
El Pleno del Congreso de los Diputados covalidó con los únicos votos a favor del PSOE, mientras que ERC-IU-ICV, BNG y UPyD votaron en contra y el resto de la cámara se abstuvo, el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que establece un periodo de regularización voluntaria hasta el 31 de marzo, y que endurecerá desde ese momento las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos. La abstención de los nacionalistas vascos y catalanes permitió a los socialistas salvar el rechazo de los otros grupos, si bien las críticas a la norma fueron unánimes desde todos los grupos de la oposición.
