La dirección de Caja Mediterráneo logró ayer el respaldo oficial de más del 70% de los representantes de la plantilla a su plan para recuperar el proceso de prejubilaciones y bajas incentivadas que iba a ponerse en marcha en la entidad antes de la ruptura con Cajastur y que afectará a algo menos de un millar de empleados. Con este respaldo, la entidad pretende que el Ministerio de Trabajo le autorice a aplicar en la caja el mismo expediente de regulación de empleo (ERE) que se aprobó para el frustrado grupo, de forma que no tenga que iniciar de nuevo todos los trámites y pueda agilizarse la salida de estos trabajadores.

En el caso de que la autoridad laboral diera luz verde a la solicitud, la CAM podría empezar con las prejubilaciones de forma casi inmediata -incluso este mismo mes, según las fuentes consultadas- ya que la entidad aún dispone para ello de los 147 millones de euros que provisionó el año pasado para hacer frente a las indemnizaciones pactadas.

Aunque todo el proceso de prejubilaciones se paralizó cuando los socios de la CAM decidieron romper el grupo, la entidad alicantina dejó claro casi desde un principio que su intención era acometer el recorte de personal previsto. En este sentido, las prejubilaciones son una pieza clave del plan de reestructuración que el consejo de administración de la caja aprobó el pasado 27 de abril y con el que pretende conseguir unos ahorros de 120 millones de euros anuales para mejorar su eficiencia.

Además, la dirección de la CAM tiene claro que, cuanto antes se ponga en marcha, antes empezarán a reducirse sus costes. De ahí su pretensión de utilizar el mismo ERE ya aprobado para todo el grupo, un objetivo que también estarían persiguiendo el nuevo SIP creado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.

Al respecto, ayer prestaron su conformidad con esta estrategia y firmaron la resolución los mismos sindicatos que en su día ya apoyaron la aprobación del ERE. Es decir, el Sicam, UGT, CC OO y el Sindicato Vietnamita, que suman más del 70% de la representación laboral en la entidad. Mantienen su oposición CGT y el sindicato Alta CAM.

En el caso de que Trabajo no lo aceptara, debería iniciarse la tramitación desde el principio, lo que demoraría las prejubilaciones un mínimo de cinco meses, según las fuentes consultadas.

El 80% del sueldo

De esta forma, las condiciones para acogerse a las bajas serían exactamente las mismas que con el SIP. El acuerdo establecía que los trabajadores que quisieran prejubilarse tenían que haber cumplido los 55 años antes del pasado 31 de diciembre y llevar, al menos, 10 años en la empresa. En cuanto a la indemnización, se establecía el cobro de un 80% del salario bruto fijo anual hasta los 64 años, siempre que esa cantidad no fuera inferior al 90% ni superior al 95% del salario neto de los últimos 12 meses. También se preveía la posibilidad de bajas incentivadas entre los empleados de menor edad a cambio de una indemnización de 45 días por año trabajado más un cantidad adicional en función de los años de servicio que iba desde los 10.000 hasta los 30.000 euros.

En cuanto, al número de afectados, también se respetarían las cifras iniciales que preveían alrededor de 850 prejubilaciones (la práctica totalidad de los trabajadores que cumplen con las condiciones antes citadas) y alrededor de un centenar de bajas incentivadas. La CAM tiene una plantilla de unas 6.900 personas.

Cruce de acusaciones

Por otra parte, ayer se produjo un cruce de acusaciones entre CC OO y Sicam en sendas circulares a la plantilla. Sicam acusó al sindicato de clase de haber perjudicado a la CAM al ponerse de parte de Cajastur en las disputas entre ambas entidades. Por su parte, CC OO acusó a los dirigentes de Sicam de haber "enchufado" a familiares en la caja.

para valorar las cajas

El FROB contrata auditores diferentes según el tamaño de la entidad

Los responsables del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) continúan con los trámites para preparar su desembarco en las entidades le han solicitado una inyección de capital, entre ellas la CAM, que pidió 2.800 millones de euros para cumplir con los nuevos requisitos de capital tras quedarse sola. La clave está ahora en la valoración que haga de estas entidades, que determinará el porcentaje de acciones que recibirá a cambio del dinero. Para ello, el FROB y Banco de España han contratado a tres equipos de auditores distintos según el tamaño de la caja a valorar. Habrá uno para las entidades que no alcancen los 25.000 millones de euros de activos; otro para las cajas entre esa cantidad y los 50.000 millones; y un tercero para las de mayor dimensión, como serían la CAM, CatalunyaCaixa o Novacaixagalicia. Estos equipos realizarán una auditoría exhaustiva de cada una de las cajas afectadas con el objetivo de que el precio que se pague por las acciones sea lo más ajustado posible a su valor real. En este sentido, hay que recordar que los planes de recapitalización deben recibir el visto bueno de Bruselas, que no permite las ayudas a fondo perdido. d.n. alicante