Quizás por la propia rutina, porque prácticamente toda la población podría contar su experiencia o una muy cercana con facturas sin IVA, un trabajo extra que no se declara, las ventas de casi cualquier producto imaginable en los mercados tradicionales o esos frecuentes alquileres de viviendas y garajes con un contrato exclusivamente entre particulares, la economía sumergida sobrevive en España impulsada por una especie de permisividad social y con síntomas ya de enfermedad crónica. A modo de costumbre. Porque el problema no tiene nada de nuevo. Al igual que el supuesto sobredimensionamiento de las administraciones o la falta de competitividad del tejido productivo, la lucha contra la actividad que se mueve al margen de la ley vuelve a la actualidad por el impacto de la recesión en el bolsillo del ciudadano, pero sobre todo en las arcas públicas, y la intención del Gobierno de atajar la situación, especialmente en el mercado laboral. Lo poco que se conoce de momento, a la espera de los detalles del plan, es un endurecimiento de las sanciones para los empresarios que antes del 31 de julio no regularicen a toda su plantilla. El castigo como incentivo. Pero, ¿será realmente suficiente? ¿Y los efectos colaterales? ¿Qué ocurrirá con los trabajadores que recurren a este tipo de puestos por una simple cuestión de necesidad?
En 1997, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó una encuesta a fondo sobre la realidad de la economía sumergida y la percepción que de ella tienen los ciudadanos. Entonces, la mayoría de los entrevistados relacionaba el empleo irregular, por este orden, con los inmigrantes, parados con prestaciones, desempleados sin subsidio en tercer lugar y las amas de casa. Colectivos que, en general, tendrían muy difícil la exigencia de derechos. El 11% consideraba muy o bastante justificable un acuerdo con un comerciante o un profesional para evitar el IVA, un 9% avalaba que no se declararan todos los ingresos en el IRPF, y entre un 7% y un 8% que parados y jubilados sumaran un trabajo a las pagas del Estado. Más de la mitad veían habitual el trabajo irregular.
Las cifras que alcanza la actividad sumergida en estos momentos en el país producen vértigo. Hasta un 23,5% del Producto Interior Bruto (PIB), unos 244.100 millones de euros, según un reciente informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). A efectos prácticos, es como si la economía española dependiera de cinco motores y uno de ellos está desconectado de resto del sistema. Junto a la agricultura, la industria, la construcción y los servicios, hay un sector más con el que no se puede contar. El fraude laboral derivado de estas prácticas supera los 82.400 millones de euros y 38.500 millones más quedan sin recaudar en impuestos.
Aunque en un volumen ligeramente más discreto, la estimación realizada por un equipo de expertos de la Universidad Rey Juan Carlos para la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) muestra también las enormes dimensiones del problema. Un 17% del PIB entre 1980 y 2008, con picos por encima del 20% durante los años de bonanza y la pérdida en recaudación fiscal cada ejercicio de entre 30.845 y 32.735 millones de euros.
"El crecimiento del volumen de la economía sumergida coincide con un periodo de fuerte aumento de la actividad económica oficial. Efectivamente, en el global del periodo 1980-2008 el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado. También ha aumentado la economía sumergida, pero en este caso se ha multiplicado por cuatro. Esto pone de manifiesto que economía sumergida y bonanza económica son perfectamente compatibles", concluyen desde el Departamento de Fundamentos y Análisis Económico de la universidad madrileña, que sitúa el número de empleos en la sombra en los 4,1 millones. Un grupo muy heterogéneo donde se incluirían tanto la mano de obra que no tiene otro tipo trabajo como las personas que recurren a una ocupación sin alta en la Seguridad Social para compensar el sueldo habitual.
Sí. Una realidad paralela, que lleva a España al tercer lugar entre los países con un mayor porcentaje de la economía sumergida en su PIB, solo por detrás de Grecia e Italia. ¿Una utopía la solución? "Ninguna utopía -contesta, rotundo, Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona-. Si estamos en el tercer lugar por la cola del ranking eso significa que hay muchos que lo hacen mejor. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer?". "La economía sumergida es una realidad en todos los países económicamente desarrollados", apunta Valentín Pich Rosell, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas. "Existen diferentes aproximaciones que pretenden estimar su volumen, pero la cifra exacta resulta un tanto borrosa -añade-. Dicho esto, es evidente que hay que estudiar los aspectos sociológicos y de ordenamiento legal que lo eviten y que, en todo caso no lo fomenten".
El Plan de afloramiento y control del empleo sumergido que el Ejecutivo central aprobó hace dos semanas admite que la legalización de esta parte de la economía es "necesaria y urgente" para ayudar a la recuperación frente a la crisis y a "los objetivos nacionales de reducción del déficit público", a la vez que advierte de la "competencia desleal" generada para las empresas que sí cumplen. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, insiste desde la presentación en que el decreto ayudará a incrementar el sistema de protección social para los trabajadores. Pero, ¿cómo?
La normativa establece un periodo de regularización voluntaria de trabajadores, hasta finales de julio. Sin la obligación de abonar los atrasos y los correspondientes intereses como en principio recogían los borradores iniciales, lo que hubiera permitido que esos empleados tuvieran antigüedad y derecho a prestaciones. El régimen de multas, eso sí, se refuerza, con entre 3.126 y 10.000 euros para las empresas que opten por pasar de la afiliación a la Seguridad Social y una horquilla que va de los 10.000 a los 187.500 para los que compatibilicen el subsidio de desempleo con un trabajo. "No tiene mucho sentido porque mañana puedo dar de alta a un trabajador "sumergido" sin pagar absolutamente nada de sanción. Y las sanciones solo las pondrán poner cuando haya una denuncia del trabajador. Pero, si ha estado trabajando hasta ahora como sumergido sin denunciar al empleador, ¿por qué lo va a hacer ahora?", cuestiona Costas. "Probablemente -continúa- es más eficaz decir que la plantilla de inspectores de trabajo va a aumentar en 200 efectivos que decir que se van a aumentar enormemente las sanciones a partir de septiembre. No valdrá nada mientras no haya una inspección laboral efectiva". Pues de eso, el Gobierno no ha dicho nada, salvo el compromiso de "intensificar" la inspección y su "eficacia". "No tenemos ningún tipo de duda de que el conjunto de las administraciones públicas utilizan todos los medios a su disposición para el control de esta lacra -opina Valentín Pich-. Lo cual no quiere decir que deben estudiarse nuevos instrumentos y planteamientos para evitarla o reducirla".
