El número de actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social el pasado año ascendió a casi 1,2 millones, de las que 98.972 acabaron con la formalización de un acta por infracción que afectaban a un total de 571.864 trabajadores. Las sanciones rozaron los 250 millones de euros.

A la cabeza de los expedientes con irregularidades estuvo Andalucía, con casi 20.000 actas y 75.628 trabajadores implicados, aunque en volumen de empleados el gran dato está en Madrid, con 144.279, aunque en su caso los casos de ilegalidad detectados por los inspectores fueron mucho menos de la mitad, 7.782. En Cataluña alcanzaron los 14.412 y en la Comunidad Valenciana, prácticamente 12.300.

El resto de autonomías se mueven en cifras muchísimo menores. Castilla y León es la siguiente, con 6.668 actas, seguida de Canarias, muy cerca de las 6.000; Galicia, con 5.475; y Castilla-La Mancha, con 5.318. En el entorno de las 3.000 están Baleares, Extremdura, País Vasco y Aragón. Algo más Murcia, con 3.299. En La Rioja fueron 2.054. Además de Ceuta y Melilla, los territorios en los que el organismo detectó menos problemas fueron Navarra (844), Cantabria (1.060) y Asturias (1.205).