Al igual que ocurrió con el arranque de la reforma laboral, a absolutamente ningún colectivo le convence el esbozo de las medidas de Trabajo para combatir el empleo sumergido. La opinión es unánime. Un problema al que hincar el diente, al que cada uno pone su solución, pero con la coincidencia de empresarios, sindicatos y técnicos de Hacienda en que sin atacar el fraude fiscal la actividad extraoficial seguirá campando a sus anchas. "No sabemos cómo se va a resolver esa situación y suscita interrogantes porque un empresario que se acoja al periodo de gracia para aflorar su negocio a efectos de fraude fiscal, ¿qué va a ocurrir?", criticaba Cándido Méndez, líder de UGT, tras conocerse el plan. Ignacio Toxo, máximo responsable en CCOO, incidía en esa idea y en el temor de que realmente se acabe "precarizando" las condiciones laborales. "No se pueden buscar atajos en la creación de empleo, es importante que aflore la economía sumergida, pero no se puede hacer a costa de deteriorar más las condiciones de vida y de trabajo de una franja muy importante, sobre todo la más joven de la población", aseguraba.
¿Hasta qué punto tienen razón los representantes de los trabajadores? "Desconocemos los matices específicos de las propuestas de los sindicatos, que en su caso habría que evaluar. No obstante, si se consigue aflorar empleo podría ser una medida positiva", señala el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas. Valentín Pich apela a "complementar" la propuesta del Ministerio de Trabajo con "otras acciones". "Entre ellas, una revisión de las sanciones de aquellas empresas y actitudes que voluntariamente quieran regularizarse, no solo en los temas laborales, sino también en los fiscales de todas las administraciones, sin que suponga una ofensa a la moral de las empresas cumplidoras, que sin duda son la gran mayoría", afirma.
Los nuevos contratos que surjan tendrán que ser, según figura en el decreto, fijos o con una temporalidad no superior a los seis meses. "Imagino que habrá cambios en este aspecto", destaca Antón Costas, que limita a "algún caso" la posibilidad de que los empleos acaben eliminándose. "Creo que en términos generales -apunta el catedrático de Política Económica- el efecto de un mayor rigor en la vigilancia y el control será positivo para todos".
¿Qué fue antes? ¿El empleo ilegal o el dinero negro? "La relación puede ser a la inversa: donde hay empleo sumergido se genera, por definición, dinero negro", dice Costas. "En todos los países por muy evolucionados que se encuentren existen sectores oscuros. El problema es su dimensión -añade Pich-. Evidentemente la economía sumergida crea empleos relacionados con la misma".
Y la crisis, la desesperación derivada de un desempleo histórico, ¿engordará todavía más el problema? "Es razonable pensar que situaciones de grandes dificultades para amplios sectores de la población crean un caldo de cultivo hacia comportamientos no deseados", sostiene Valentín Pich. "Sí -defiende también Antón Costas-. Las situaciones de crisis fuertes como éstas dejan a muchas personas desamparadas y, por tanto, proclives a aceptar cualquier cosa con tal de tener algún ingreso para sobrevivir. Pero el fuerte aumento que se ha producido en España de la economía sumergida ha sido durante la época de expansión económica y tiene más que ver con la falta de control laboral y fiscal de estas actividades".
Ambos expertos emplean la famosa metáfora de la zanahoria y el palo para marcar el escenario en el que hay que trabajar. El plan del Gobierno apunta al bolsillo, a la amenaza de multas más elevadas, como incentivo a la regularización. "Resulta claro que la combinación del palo y la zanahoria ofrece innegables resultados, pero naturalmente debe complementarse con reflexiones y propuestas de tipo general", dice el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas. "Creo que hay que combinar, como siempre, palo y zanahoria -explica Antón Costas-. Pero el palo no tiene credibilidad mientras no se aumente y sean efectivos el control y la vigilancia de la inspección de trabajo".
El catedrático de la Universidad de Barcelona engloba en ese refuerzo de supervisión a la Agencia Tributaria. "De hecho, si se cruzasen los datos de ambos organismos ya se daría un paso importante", afirma. El organismo dependiente del Ministerio de Economía tiene sus propias medidas, desde hace años, centradas tanto en la lucha como en la prevención del fraude. Durante 2010 permitieron ingresar 10.043 millones de euros, casi un 24% más que el año anterior y alrededor de un 1% del PIB. Lo seis ejercicios que acumula el plan suman una recaudación de 45.583 millones. "Hay, en efecto, un problema de falta de cultura colectiva en nuestro país. Pero también, a veces, la normativa resulta excesivamente compleja y demasiado abundante, que complica este panorama innecesariamente", opina Valentín Pich. El handicap de la costumbre que reflejan esas estadísticas del CIS, probablemente tan o más en vigor todavía que hace una década. "Más que falta de educación, lo que hay, como he dicho, es demasiada tolerancia en la inspección laboral y fiscal. Esa tolerancia después de un tiempo crea también tolerancia social. En esta tolerancia social hacia la economía sumergida ha tenido un gran efecto la pérdida de equidad que a lo largo del tiempo ha sufrido el sistema fiscal español. Se ha generalizado la percepción de que el verdaderamente rico no paga impuestos y que solo paga el que tiene un salario", sostiene Antón Costas.
El sentido de la responsabilidad queda así "debilitado" a la hora de pagar impuestos. "Si otros no lo hacen, yo no voy a ser tonto pagando", recuerda el catedrático la popular expresión, casi al mismo nivel de aquella de que Hacienda "somos todos".
