Las condiciones del rescate de 78.000 millones de euros de Portugal incluyen reformas en casi todo el sistema económico y social del país y aconsejan a su Gobierno privatizar servicios, recortar prestaciones y liberalizar el empleo.

El documento de 34 páginas consensuado con las autoridades lusas desgrana de forma detallada las acciones que deben permitir a Portugal reducir su déficit público a un tercio del actual en 2013 (hasta el 3 por ciento del PIB) y adoptar un conjunto de reformas estructurales que equiparen al país con el resto de Europa.

Desde la educación hasta la sanidad, pasando por el ámbito de la justicia, la administración pública, las telecomunicaciones, la energía o el sistema de transportes; todos los sectores han sido sometidos al diagnóstico del equipo conjunto enviado por Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Lisboa hace tres semanas.

Entre sus medidas, destacan la reducción de las pensiones por encima de 1.500 euros y su congelación -excepto las mínimas- en 2012 y 2013, la reducción en las transferencias a autoridades locales y regionales, así como el incremento de los ingresos fiscales a través de cambios en la estructura del IVA.

El rescate financiero abarcará además 12.000 millones de euros destinados a hacer frente "a eventuales necesidades de capitalización" de la banca lusa.

El objetivo de esta medida es "preservar el control de la dirección de los bancos en manos de sus propietarios privados durante una fase inicial y permitirles recomprar la participación estatal".

Respecto a la sanidad, Bruselas y el FMI exhortan a Portugal a rebajar los costes de los hospitales en 200 millones de euros, inducir a los médicos del sistema público y del privado a prescribir genéricos y disminuir las "innecesarias" visitas a especialistas y urgencias mediante el refuerzo de los servicios primarios.

También se recoge la obligatoriedad de "cortar sustancialmente, en un 66 por ciento de media, las deducciones fiscales para gastos relacionados con la salud, incluidos los seguros privados", así como concentrar los servicios de especialidades y de urgencia de los hospitales.

En la educación, propone reducir 195 millones de euros en costes a través de la "racionalización" de la red de colegios.

El mercado laboral también debe ser objeto de una profunda reforma estructural para "facilitar el paso de los trabajadores por diferentes ocupaciones, empresas y sectores".

Al contrario de lo que establece ahora la legislación lusa, se permitirán los despidos cuando el trabajador no reúna las condiciones actuales que requiera su puesto o cuando no cumpla con los objetivos bajo su responsabilidad.

Reducir la duración máxima de la cobertura por desempleo a 18 meses y rebajar paulatinamente la ayuda a partir de los seis meses sin trabajo -con un mínimo del 10 por ciento- son algunas de las medidas apuntadas para reducir costes estatales.

Además, las indemnizaciones por despido a los trabajadores tanto indefinidos como temporales deben pasar a diez días por año.

La "troika", como se conoce al equipo de Bruselas, el Banco Central Europeo y el FMI que ha analizado los problemas y las necesidades de Portugal, insta a Lisboa a "acelerar su programa de privatizaciones", que incluye empresas como la aerolínea TAP, las firmas energéticas Galp, EDP y REN, o Correos, entre otras.

En este sentido, las autoridades lusas se han comprometido a sacar a la venta TAP, EDP y REN durante 2011 y a identificar en 2012 otras dos "grandes empresas" para privatizar.

El capítulo de recortes se centra fundamentalmente en el campo de la administración, donde se propone reducir el número de oficinas municipales a un ritmo como mínimo del 20 % por año en 2012 y 2013, y rebajar la cantidad de puestos de dirección y unidades administrativas por lo menos en un 15 % en el Gobierno Central.

Las reformas que deberá adoptar Portugal también incluyen la movilidad de los funcionarios, la entrada de aerolíneas de bajo coste, la eliminación de las "acciones de oro" que todavía detenta el Estado en varias empresas e incluso la aparición de nuevos instrumentos en el mercado laboral para flexibilizar los horarios de trabajo.