Las empresas que cuenten con una plantilla de más de 500 trabajadores y que tengan beneficios cuando acometan un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecte al menos a un centenar de empleados entre los que haya mayores de 50 años deberán pagar una parte del subsidio por desempleo de los afectados que superen esa edad. Así se recoge en una enmienda que el grupo parlamentario socialista ha añadido, mediante una disposición final nueva, al proyecto de ley que reforma las políticas activas de empleo, y que se corresponde con lo avanzado por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

La semana pasada Gómez ya anunció que el Gobierno acometería cuanto antes un cambio legislativo para que las grandes empresas con beneficios asumieran el paro de los trabajadores de mayor edad afectados por despidos colectivos, después de que Telefónica anunciara un ajuste del 20% de su plantilla en tres años.

De acuerdo con la enmienda, las empresas que hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a la autorización de un ERE -y aún concurriendo las causas económicas, técnicas organizativas o de producción que lo justifiquen- tendrán que hacer "una aportación al Tesoro Público". Para la aportación se tendrá en cuenta el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores afectados, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.