La intensidad de la crisis y su prolongación en el tiempo no sólo ha provocado que la destrucción de empleo esté marcando récords históricos en la provincia, sino que, además, haya hecho subir los índices de economía sumergida.

Desde el inicio de la recesión, a mediados de 2007, el empleo irregular ha crecido en Alicante un 78%, según la comparativa de los últimos datos de la Inspección de Trabajo correspondientes al ejercicio 2010. Los 5.682 empleos irregulares detectados por los inspectores el pasado año en Alicante suponen 2.492 más (78%) que los aflorados tres años antes.

Además, las bolsas de fraude detectadas superan a la de la mayoría de comunidades autónomas, a excepción de Andalucía, donde Trabajo sacó a la luz 14.238 empleos irregulares; Cataluña, donde afloraron 9.180 y la propia Comunidad Valenciana, donde la Inspección sancionó a empresas por no pagar las cotizaciones sociales de más de 9.900 empleados.

En la evolución de la economía irregular, Alicante siempre ha destacado por encontrarse en los primeros puestos del clandestinaje. Incluso en los momentos más agudos de la crisis ha llegado a liderar la bolsa de economía sumergida. Al cierre de 2010, sólo Barcelona, con 7.376 empleos irregulares aflorados, le precedía en este ránking de opacidad.

De forma paralela a las infracciones, las sanciones impuestas por la autoridad laboral han ido incrementando el importe. De los 3,9 millones sancionados por actividades irregulares en materia de Seguridad Social en 2007 se pasó a los 5,9 del pasado año, es decir, un 51,2% más.

Los elevados índices de clandestinaje que se vienen registrando en los últimos años en España y que el Ministerio de Trabajo ha cuantificado entre el 15% y 25% del Producto Interior Bruto (PIB), ha motivado el diseño de un plan contra la economía irregular. Este programa, que en estos momentos se debate con los agentes sociales, podría aprobarse mañana, miércoles, y entrar en vigor antes del verano, a partir del próximo mes de mayo. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ya ha adelantado que la previsión es que con el plan en vigor se realicen unas 265.000 actuaciones.

Una de las novedades del mismo es que la cuantía de las multas podría duplicarse, según el ministro. Las sanciones, en función de los casos, podrían elevarse desde los 6.521 euros hasta los 400.000, mientras que las multas para los desempleados que perciban una prestación y que estén empleados irregularmente supondría la pérdida automática de la ayuda.

Desde CC OO, se apuntaba ayer que el plan del Gobierno "puede convertirse en una herramienta interesante para combatir estas prácticas fraudulentas, que además en la provincia están muy arraigadas", según Salvador Roig, responsable de comunicación del sindicato en l´Alacantí-les Marines. No obstante, el sindicato advierte de que para que el programa "sea efectivo se deben reforzar las plantillas de la Inspección y la Subinspección, debido a la alta incidencia de la economía sumergida en la provincia".