La Agencia Tributara pondrá en marcha este año un plan para luchar contra la economía sumergida, que estrechará el cerco sobre las personas que perciben rentas sin declarar y que, al mismo tiempo, cobran el paro u otras prestaciones de la Seguridad Social, según el Plan de Control Tributario 2011 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El plan contempla también incrementar las actuaciones de carácter presencial, con visitas a locales y negocios para detectar economía sumergida y que se hará conjuntamente con la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social y con la Tesorería General. Así, inspectores de Hacienda se personarán en locales situados en determinadas áreas geográficas o en los que se desarrollan actividades propias de determinados sectores económicos.
El programa puede tener especial incidencia en Alicante, dado que es una de las provincias que, tradicionalmente, presenta elevados índices de empleo irregular en los distintos balances de la Inspección de Trabajo. En el último informe, correspondiente al acumulado entre enero y septiembre del pasado año, se refleja que los inspectores promovieron el alta laboral de 4.271 trabajadores en Alicante y que la cuantía de los expedientes liquidatorios (importe del fraude por impago de cuotas, fundamentalmente) se acercó a los 33 millones de euros, es decir, unos 120.000 euros al día (ver INFORMACIÓN del pasado domingo). Si tradicionalmente, Alicante ha liderado los balances de empleo irregular, el de los nueve primeros meses de 2010 refleja que, aunque se mantiene en el grupo de cabeza -en la segunda posición-, Barcelona ha escalado al primer puesto, con más de 6.000 altas laborales promovidas. Sin embargo, zonas como Madrid o Valencia, con mayor volumen de población activa se encuentran por detrás de Alicante, con 2.653 y 2.098 puestos de trabajo sin cotizar, respectivamente.
Actividades económicas
Por otra parte, el programa de Hacienda también prevé explotar y analizar la información sobre actividades económicas que se intercambia con la Seguridad Social, y hará uso de la nueva declaración informativa sobre terminales de tarjetas de crédito y sobre consumo de energía eléctrica para detectar negocios sin declarar. Además, tratará de identificar a trabajadores "falsamente autónomos".
Dentro del plan para luchar contra la economía sumergida, también se contempla el control sobre las actividades derivadas de la importación de bienes procedentes, fundamentalmente, de Asia y otros terceros países, así como la investigación de canales de comercialización de los bienes importados, incluyendo actuaciones de carácter presencial. El Plan de Control Tributario 2011 contempla, asimismo, otras actuaciones, como el control de actividades profesionales a través de los signos externos de riqueza que permitan el descubrimiento de ingresos no declarados y de las facturas falsas de IVA. También se prestará especial atención al uso de billetes de alta denominación (importes especialmente elevados), así como a la detección de falsas empresas subcontratistas.
El seguimiento de condenados o denunciados por delito fiscal, al objeto de adoptar las medidas procedentes, o el control de contribuyentes que declaran en módulos son otras de las prioridades de la lucha contra el fraude para este año. En este último caso, Hacienda prevé también realizar visitas a declarantes en módulos para obtener indicios de prácticas fraudulentas, como dividir artificialmente su actividad entre varios sujetos con el fin de eludir la exclusión de este régimen.
Por otra parte, la lucha contra la deslocalización y la planificación fiscal abusiva será otro de los objetivos prioritarios para 2011. De este modo, Hacienda intensificará el control sobre centros de planificación que comercializan productos dirigidos a la defraudación fiscal, prácticas financieras que pueden propiciar la opacidad de cuentas y actuaciones que persiguen la acreditación indebida de gastos financieros, sobre todo intragrupo, para reducir o eliminar bases imponibles a tributar en España. También serán objeto de atención prioritaria otras áreas relacionadas con la fiscalidad internacional.
Igualmente, se estrechará el cerco sobre insolvencias aparentes y procesos concursales ficticios para eludir el pago de las deudas tributarias.
La opacidad económica alcanza el 23% del PIB
El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la economía sumergida representa en España el 23,3% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone unos 240.000 millones de euros anuales. Para este colectivo, se hacen necesarias medidas utilizadas en la UE-15 para mejorar la lucha contra el clandestinaje. Algunas de ellas, pasarían por la cuantificación periódica de la economía sumergida mediante estudios plurianuales, desagregados por territorios, sectores e impuestos, calibrando así con una mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude, así como que los parlamentos nacional y autonómicos fijaran un objetivo de reducción de la tasa del clandestinaje. E.P. madrid
