Las principales instituciones económicas y financieras de la provincia escenificaron ayer su apoyo a la Cámara de Comercio de Alicante, para la que reclamaron una financiación estable y adecuada tras la decisión del Gobierno de suprimir la obligatoriedad de las cuotas que pagan las empresas y que suponían su principal fuente de ingresos hasta el momento. A pesar del duro golpe que representa esta medida, el presidente de la Cámara, José Enrique Garrigós, insistió ayer en que la institución no recortará su plantilla y también descartó, al menos por el momento, una posible fusión con las cámaras de Orihuela y Alcoy.
Dos meses después de que el Gobierno anunciara su decisión de suprimir las cuotas, la Cámara de Alicante ha decidido pasar "de la crítica a la acción" y ayer reunió a su comité consultivo en busca del apoyo de sus integrantes. Este organismo de reciente creación agrupa a los representantes de las principales instituciones de la provincia entre los que se encuentran el presidente de la patronal Coepa, Rafael Martínez Berna; el de la CAM, Modesto Crespo; el del Puerto, Miguel Campoy; el de la Institución Ferial, Moisés Jiménez; el director del aeropuerto, Santiago Martínez-Cava; o destacados empresarios particulares, como el presidente del grupo Vectalia, Joaquín Arias.
También forman parte de este comité los rectores de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda; y de la Miguel Hernández de Elche, Jesús Rodríguez Marín, que ayer no estuvieron presentes por problemas de agenda pero que se sumaron a la declaración final de respaldo a la institución.
El documento destaca la importante contribución de la Cámara a la economía provincial y a su "competitividad", y también destaca la relevancia de los servicios que presta la institución "para el progreso de las empresas" alicantinas, en especial para las pymes. Por este motivo, se solicita a las administraciones públicas "que se articule un marco adecuado" para que las cámaras cuenten "con los medios necesarios para mantener" su actividad.
Al respecto, el presidente del comité, Rafael Calvo, recordó que las cámaras siguen siendo "corporaciones de derecho público", lo que les obliga a realizar una serie de actividades de apoyo a las empresas. Por este motivo, instó a la administración tutelante de la institución -es decir, a la Generalitat Valenciana- a que llegue a "un acuerdo" con la Cámara para financiar estas actividades.
Respaldo de Coepa
Especialmente significativo fue el apoyo que ayer ofreció el presidente de Coepa, Rafael Martínez Berna, por la capacidad de influencia que puede tener la patronal para que los empresarios sigan en la Cámara aunque ya no sea obligatorio. "Siempre hemos apoyado la labor que desarrolla la Cámara y ahora más. Es esencial y su desaparición es impensable, no nos la podemos ni plantear", apuntó ayer el también constructor.
Ni ERE ni fusiones
Por su parte, José Enrique Garrigós quiso lanzar también un mensaje de tranquilidad a la plantilla y reiteró, como ya avanzó este diario, que la Cámara no se ha planteado ningún expediente de regulación de empleo. También recordó que la supresión de la obligatoriedad de las cuotas todavía tardará en notarse, ya que éstas se pagan a año vencido, por lo que este ejercicio las empresas todavía deben abonar las correspondientes a 2009 y el próximo las de 2010.
También aseguró que "en estos momentos resulta impensable" una posible fusión de las tres cámaras de la provincia -Alicante, Orihuela y Alcoy- ya que todas ellas funcionan "muy bien" de forma independiente.
Por otra parte, el comité consultivo de la Cámara de Alicante también se sumó a la reivindicación del corredor mediterráneo, la línea ferroviaria de mercancías que debe unir el arco mediterráneo español con el norte de Europa.
