Aprobada la reforma laboral que abarata el despido se aprueba

EFE / E.P. MADRID El Gobierno logró ayer sacar adelante la reforma laboral que abaratará el despido y ejercerá un mayor control a los desempleados, después de dos meses de tramitación en su paso por el Congreso y el Senado. PP, CiU y PNV se abstuvieron, mientras IU'ICV y ERC votaron en contra.
La aprobación -con los únicos votos a favor del PSOE y gracias a la abstención del PNV- se produjo entre las críticas unánimes de todos los partidos de la oposición por considerar que no solucionará los problemas más importantes del mercado laboral y tras un debate que estuvo marcado por la convocatoria de huelga general dl día 29 de septiembre, que todos los portavoces recordaron en sus intervenciones. El texto incluye el acuerdo pactado entre el PSOE y el PNV, en el que se concretan más que en el proyecto de ley original las causas económicas objetivas por las que un empresario puede despedir al trabajador con una indemnización de 20 días por año en vez de los 45 días que recibiría en la actualidad.
El Pleno de la Cámara Baja aprobó el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo, después de eliminar la mayoría de los cambios propuestos por los grupos políticos en el Senado e introducir sólo las enmiendas del PSOE y una del BNG. La nueva ley mantiene los puntos más controvertidos del texto inicial de la reforma que presentó el Gobierno en junio, especialmente los referidos a la contratación y a los despidos.
De esta forma, el texto incluye que las empresas puedan despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización, no sólo cuando tengan pérdidas, sino también cuando prevean tenerlas, o tengan una persistente caída de ingresos.
También generaliza el contrato de fomento del empleo, que conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado, al incluir a los trabajadores fijos de entre 31 a 45 años que hayan sido despedidos. Además, establece mayor control a los desempleados, que podrán ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo no superior a 30 días, al tiempo que facilita el despido por faltas al trabajo y rebaja al 2,5% el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual.
Los socialistas consiguieron tumbar todas las enmiendas presentadas por los grupos políticos en el Senado, salvo las propias y una del BNG referida a las prestaciones de los contratos parciales, por la que los trabajadores podrán cobrar por horas y no por días.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defendió la reforma porque cree que es "equilibrada y ambiciosa" y da más seguridad a empresarios y trabajadores. Subrayó que no se trata de una reforma "corta" y puntualizó que su aprobación coincide con el inicio de la recuperación económica, por lo que "reforzará las bases para la consolidación de una economía sostenible". Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, dijo que la reforma permitirá a España ser más competitiva, y dará respuesta a la falta de flexibilidad del mercado laboral.
El PP acusó al Gobierno de no escuchar a los partidos políticos y auguró que la reforma no generará confianza, ni consumo, ni aumentará la producción ni el empleo. El diputado popular José Antonio Echániz remarcó que la reforma del mercado laboral "termina como comenzó: en la más absoluta soledad", sin el apoyo de los grupos pero tampoco de sindicatos, patronal, expertos o instituciones económicas y sociales.
Para CiU, se trata de una oportunidad perdida que no corrige la temporalidad. El diputado del PNV Emilio Olabarria fue el único que defendió la abstención, aunque señalando que la reforma no crea empleo ni resuelve los problemas estructurales que afectan a la competitividad y dudó de que ésta vaya a evitar la "sangría" del paro. Más duros fueron los partidos de izquierda que animaron a secundar la huelga (ERC e ICV) para que el Gobierno rectifique.
Desde la CEOE, su secretario general, José María Lacasa, reiteró que la reforma es "insuficiente" y dijo que seguirán pidiendo nuevos cambios que modernicen el mercado laboral en línea con la UE y las recomendaciones de los organismos internacionales.
Por otra parte, el pleno del Congreso convalidó la segunda prórroga de la ayuda de 426 euros, durante seis meses más, para los parados que han agotado la cobertura, aunque aprobó que sea tramitada como un proyecto de Ley para poder introducir cambios.

Entre las comas del texto y la llamada a la huelga en el Congreso
Finalmente, la norma respeta el texto pactado por PSOE y PNV que concreta las causas económicas para el despido objetivo, de 20 días de indemnización, que podrá justificarse por pérdidas "actuales o previstas" o la "disminución persistente del nivel de ingresos", suprimiendo un punto y coma introducido por CiU en el Senado que, según el PSOE, "desvirtuaba" y "ampliaba" los supuestos. El representante de ERC, Joan Tardá, hizo un llamamiento a la huelga desde la tribuna. "Los trabajadores y trabajadoras no nos merecemos este comportamiento del Gobierno", insistió. El diputado de ICV, Joan Herrera, dijo que "nunca como hoy un Gobierno se merece una huelga general". De hecho, cuatro partidos con representación en el Congreso -los que conforman el grupo ERC-IU-ICV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG)- han registrado ya un escrito en la Cámara Baja solicitando que el 29 de septiembre, día para el que se ha convocado una huelga general contra la reforma laboral, no haya actividad parlamentaria. El diputado del PSOE por Madrid y ex secretario general de CC OO, Antonio Gutiérrez, tiene decidido no secundar el paro, aunque lo apoya, pero sí tiene previsto protestar contra la reforma en la calle. Según argumentó, el Parlamento "no hace huelga propiamente dicha".