El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, admitió ayer que la intención del Gobierno es avanzar hacia un sistema laboral más basado en las políticas activas de empleo y que, por tanto, penalice a los desempleados que no hagan cursos de formación o rechacen ofertas de empleo con la retirada de la prestación. "En el caso de que no se cumplan los requisitos, es decir, que no se acepte un curso de formación, no se quiera participar en itinerarios laborales o se rechacen ofertas del Servicio Público de Empleo, podría ser, efectivamente, objeto de la retirada de la prestación", señaló Corbacho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El responsable de Trabajo recordó que la actual legislación ya contempla una serie de sanciones para los beneficiarios de estas prestaciones que se niegan a cumplir los requisitos, aunque el Gobierno entiende que hay que caminar hacia un mayor peso de las políticas activas de empleo en el funcionamiento del mercado laboral.
De hecho, el grupo socialista presentó una enmienda a la reforma laboral a su paso por el Senado que obliga a los desempleados a participar en los cursos o actividades de motivación e inserción laboral desde el primer día que reciban el pago de la prestación si no quieren ser sancionados. Esta enmienda, que propugna la pérdida de la prestación si el desempleado rechaza estas acciones durante los tres primeros meses, no tenido buena acogida en los sindicatos, que entienden que mejorar la ocupabilidad de los parados no pasa por sancionarles, sino por aumentar la inversión en políticas de empleo para adecuarlas a las necesidades del mercado de trabajo.
