La economía sumergida sigue en aumento en la provincia. Sólo durante la primera mitad año los inspectores de la Seguridad Social descubrieron en las empresas alicantinas a 2.883 trabajadores sin contrato, lo que supone unas 18 denuncias diarias por este motivo frente a las 12 que se registraron de media durante todo 2009. Así lo pone de manifiesto un informe de CC OO basado en los datos que la propia Inspección de Trabajo proporcionó durante la última reunión del Observatorio del Fraude provincial.

Dicho documento revela que la administración encontró irregularidades relacionadas con la economía sumergida en un tercio (el 33,28%) de las 4.477 compañías que visitó entre enero y junio de este año, aunque la situación varía mucho según el sector económico del que se trate. Así, el porcentaje de empresas con anomalías se dispara en el caso de la industria del calzado, donde el clandestinaje se ha convertido en un mal endémico a pesar de las múltiples campañas de los sindicatos y la administración para combatirlo. Hasta el 64,9% de las empresas zapateras por las que pasaron los inspectores acabaron con un expediente abierto por una u otra causa.

El comercio también está por encima de la media en el número de firmas infractoras, con irregularidades en el 37,7% de los negocios visitados. En el caso de los servicios son el 27,45% las empresas que incumplían la normativa; el 25% entre las compañías dedicadas al transporte; el 19,69% en la construcción; el 19,5% en la hostelería; y sólo un 3,9% en la agricultura.

Además de los trabajadores clandestinos, también se detectaron otro tipo infracciones relacionadas con la contratación en alrededor de 1.100 empresas. En la mayor parte de los casos se trató de empleados a tiempo parcial a los que se obliga a trabajar toda la jornada -uno de los supuestos en los que está incidiendo especialmente la administración este año dentro de su plan anual contra el fraude laboral- o profesionales que desempeñan tareas distintas a aquellas para las que están contratados.

Fruto de todos estos expedientes, las empresas tuvieron que abonar a la Seguridad Social alrededor de 19 millones de euros, entre cotizaciones impagadas y las correspondientes sanciones que acompañan a las ilegalidades detectadas.

Para CC OO, se trata de un "fraude social, laboral y económico de la máxima magnitud especialmente grave en el contexto actual", en el que se acaba de aprobar una reforma laboral que "recorta los derechos de los trabajadores". El sindicato, además, carga contra las organizaciones empresariales. Según afirma, aunque las patronales "se esfuerzan por delimitar las irregularidades a una minoría", los datos de la Inspección "demuestran que existe un fraude generalizado que afecta a miles de trabajadores" en toda la provincia.

En este sentido, las nuevas directrices aprobadas por el Gobierno este año colocan en el punto de mira de la Inspección el fenómeno de los falsos autónomos (trabajadores que son despedidos pero que siguen prestando sus servicios a la empresa de forma externa), las bajas para evitar el pago de las vacaciones, los comercios de precios bajos y con horarios muy amplios, los centros sanitarios privados o la contratación de artistas en fiestas locales.