Los grupos parlamentarios en el Senado han presentado dos vetos, a iniciativa de ICV y ERC, y más de 245 enmiendas al proyecto de Ley de reforma laboral que serán debatidas el próximo 25 de agosto en la Comisión de Trabajo e Inmigración, que tendrá competencia legislativa plena.
Superado el trámite legislativo en la Cámara Alta, el proyecto de ley tomará rumbo al Congreso para su debate en pleno y aprobación definitiva el próximo 9 de septiembre, coincidiendo con el acto masivo de representantes sindicales convocado 20 días antes de la huelga general.
Si los grupos parlamentarios del Senado deciden no enmendar el texto remitido desde el Congreso, el proyecto de ley pasaría directamente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, de los dos vetos presentados por ICV y ERC, y de las 51 y 32 enmiendas parciales registradas por ambos integrantes de la Entesa, respectivamente, el PP ha sido la formación que más enmiendas ha presentado, con un total de 70 propuestas de cambio, una menos que en el Congreso, mientras que CiU ha registrado otras 46 y el PSOE únicamente 12.
Por su parte, el grupo Mixto ha propuesto 40 enmiendas más, de las que 11 corresponden al PSM-EN, 16 a UPN y, finalmente, 13 a Coalición Canaria.
El PSOE confía en transaccionar nuevas enmiendas
Desde las filas del PSOE, la senadora Matilde Fernández confió en declaraciones a Europa Press en que los vetos presentados sean rechazados y esperó que las 12 enmiendas presentadas por su grupo sean aceptadas.
Más aún, afirmó que la voluntad de los socialistas es la de estudiar "con detenimiento y sensibilidad" la enmiendas presentadas con el ánimo de seguir logrando transacciones que permitan devolver al Congreso un texto "más equilibrado" para que sea garantía de una eficaz aplicación.
En cuanto al contenido de sus enmiendas, Fernández explicó que la única novedad es una disposición adicional para que se establezca que la percepción en efectivo del salario no pueda ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aunque se perciba una parte en especie, respetando el límite general del 30% del total.
Por lo demás, el PSOE introduce otras enmiendas, algunas de ellas transaccionadas en el Congreso, aunque no aprobadas finalmente, relativas a la obligación de los empresarios a comunicar por escrito a los trabajadores temporales que pasan a ser indefinidos este cambio, a la no limitación al encadenamiento de contratos en proyectos de investigación o al establecimiento de mayores controles a las empresas de trabajo temporal, para que, entras otras cosas, rindan cuentas a través de indicadores de eficacia.
El PP contra la "reforma del despido"
Según el PP, sus enmiendas persiguen "mejorar sustancialmente" el proyecto de Ley para que deje de ser la "reforma del despido" del Gobierno y fomente más el empleo. Si bien, los 'populares' no darán a conocer el contenido completo de las enmiendas hasta mañana.
En un comunicado, el PP explica que los cambios propuestos se refieren a la reforma del procedimiento de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, distinguiendo entre las suspensiones y reducciones individuales y colectivas, y se "simplifica" el concepto de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Además, los 'populares' enmiendan la regulación del contrato de fomento del empleo ampliando sus supuestos con la finalidad de incentivar la contratación estable por parte de los empresarios. Así, se reduce de tres meses a 15 días el tiempo que el trabajador ha de permanecer en el paro para poder acceder a uno de estos contratos.
Por otro lado, el PP aboga por permitir a los sindicatos y los empresarios que puedan ordenar y articular la negociación colectiva, y, a tal efecto, propone que, "sin necesidad de denuncia y por acuerdo de las partes con legitimación negocial, puedan revisarse los convenios colectivos en vigor, de forma natural y en un contexto de paz social".
A vueltas el despido objetivo
Por su parte, CiU ha registrado en el Senado 46 enmiendas, entre las que propone el despido por causas económicas sea procedente cuando existan "suficientes indicios razonables de que la así se contribuirá a prevenir una evolución negativa de la empresa o mejorar la situación de la mismas".
Con el objetivo de introducir "mayor claridad", según precisaron a Europa Press fuentes próximas al partido, CiU recupera también la enmienda del Congreso que deriva la concreción de las causas objetivas a la negociación colectiva, sobre todo a nivel de empresas.
El Congreso aprobó el pasado 29 de julio un dictamen del proyecto de ley de reforma laboral en el que se justifica el despido objetivo, con 20 días de indemnización por despido por año trabajado, en los supuestos de pérdidas "actuales o previstas" o la disminución "persistente" de los ingresos, siempre y cuando puedan afectar al mantenimiento de la plantilla.
Estas concreciones sobre el despido objetivo sólo contaron con el respaldo del PSOE, frente al voto en contra de PP, ERC-IU, y BNG y las abstenciones de CiU y PNV.
