La CAM ha cerrado junto a sus socios del SIP (Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) una complicada primera fase de la alianza financiera, tras la firma del contrato de integración el pasado martes. Pero el acuerdo aún tiene que superar un trámite importante, como es el refrendo de la asamblea, que previsiblemente se reunirá el 24 de septiembre. Si se logra el visto bueno del cónclave de la caja, las previsiones del que será el quinto grupo financiero español -presidido por el mandatario de la CAM, Modesto Crespo- es poder estar operativo a principios del próximo año.

No obstante, la maquinaria del proceso no se para en este tiempo. Las tramitaciones continúan con la obligada presentación del contrato en el Banco de España, que se presentaba ayer y que es imprescindible para recibir los 1.492 millones solicitados al Fondo de reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Igualmente, los socios tienen que poner en marcha la creación de la ficha bancaria o dar comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A nivel más interno, aún está pendiente la negociación de un acuerdo laboral -que los sindicatos han urgido-, así como la elección y designación de los representantes de la caja en el nuevo banco que se cree. Estará compuesto por 14 personas, en vez de las 12 previstas inicialmente. Cuatro serán consejeros designados por la CAM y otros tantos por Cajastur, dos por cada una de las otras dos cajas de menor tamaño, así como por dos vocales independientes. La ampliación hasta 14 miembros se hace para permitir la entrada en este órgano de los directores generales de las dos cajas más pequeñas.

Los nombres de los consejeros delegados los propondrán las dos entidades con mayor participación (CAM y Cajastur tendrán un 40% cada una en el nuevo grupo) y se pretende que sean personas de reconocido prestigio en el sector, cuya neutralidad y desvincluación con las entidades pueda ser importante para dar estabilidad, sobre todo en los primeros momentos de la puesta en marcha del holding.

Aunque su función también puede ser determinante en otros momentos, ya que su inclusión dentro de la mayoría simple del consejo (ocho miembros) que pueda modificar o retirar los poderes al futuro consejero delegado se ha puesto como condición en las matizaciones introducidas en el contrato definitivo que redactaron juntas CAM y Cajastur, tras las serias discrepancias surgidas entre ambas por los poderes irrevocables que pretendía la asturiana para el futuro consejero delegado y presidente de Cajastur, Manuel Menéndez.

Estas aspiraciones, que no se pactaron en el protocolo de intenciones y que aparecieron escritas en el anterior contrato de integración fueron el origen de la polémica y las que obligaron a las partes a volver a revisar los puntos más polémicos para evitar una ruptura del SIP, que, además, no era contemplada con buenos ojos porm el Banco de España.

La entidad asturiana flexibilizó su postura y la inclusión de las acalaraciones en los tres puntos más conflictivos permitió que la CAM revisara su rechazo a los términos del contrato que hacían alusión a las excesivas atribuciones del ejecutivo y que su consejo aprobara, finalmente, el documento. Ahora, se necesita la mayoría simple, incluidos los consejeros independientes, para modificar los poderes de consejero delegado, en vez del pleno del consejo. Además, se refrenda la soberanía en la toma de decisiones del consejo del banco sobre la figura del ejecutivo y éste tendrá los poderes que emanan de la gestión ordinaria de una sociedad mercantil, en vez de tener el mando absoluto e irrevocable, que reflejaba el conrato anterior, según la nueva redacción.

A partir de ahora, la CAM debe proponer a sus representantes. Por parte de Caja Mediterráneo están fijos dos: su presidente y el director general, Roberto López. Para la elección de los dos restantes, comienza el periodo de la elaboración de "quinielas", entre postulantes, candidatos técnicos y los que mejor sepan jugar sus bazas en una negociación.