La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció ayer que su departamento suprimirá "algunos incentivos a la construcción y la compra" de viviendas protegidas y priorizará las ayudas al alquiler y la rehabilitación de inmuebles para "reorientar presupuestariamente" el Plan de Vivienda 2009-2012. Corredor explicó que, por el momento, no puede detallar a cuánto asciende el recorte en los presupuestos de su Ministerio, y que analizará bilateralmente con cada comunidad la aplicación del reajuste.
La ministra señaló que estas medidas se incluyen dentro del ajuste presupuestario anunciado por el Gobierno para reducir el déficit público e indicó que "hay que ser pragmáticos y priorizar en qué gastamos" para garantizar en un futuro "la eficacia de las políticas públicas de vivienda". Añadió que dichos recortes se escalonarán durante este año y los dos siguientes, y que en 2010 se eliminará la reserva de eficacia para las comunidades que superen los objetivos convenidos con el Ministerio, así como la compensación del pago de las nuevas ayudas con fondos transferidos a las autonomías y cuyo destino no se justificó.
La ministra detalló que, en la actualidad, existen 628 millones de euros pendientes de justificación por parte de las comunidades, que "se irán reduciendo progresivamente en cada ejercicio". Por lo que respecta a 2011 y 2012, no se renovará la subvención para las ventanillas únicas, se suprimirá la destinada a promotores para la urbanización o adquisición de suelo y se rebajará el 40% de las de promoción de vivienda protegida en alquiler.
Además, el Ministerio se planteará sustituir la Ayuda Directa a la Entrada (Aede), ya que permitiría la ampliación de la hipoteca hasta el 90% del valor de la vivienda protegida, con lo que, según Corredor "se reduce la necesidad de ahorro para afrontar el pago de entrada a una vivienda protegida". Según la ministra, estas actuaciones supusieron un coste de más de 500 millones de euros en 2009.
Según el PP, que anunció que pedirá la comparecencia de Corredor en el Congreso, la eliminación de la reserva de eficacia supondrá un recorte de 140 millones de euros, que, si se suman a los cerca de 94 millones que se declararon no disponibles en enero, ascenderá a 234 millones de euros en 2010. A su vez, los populares indicaron que si las ayudas que se supriman en los dos años siguientes no se destinan a otros programas, el recorte alcanzará a 500 millones de euros más. Por otro lado, los consejeros de varias autonomías también manifestaron sus reticencias ante los recortes.
