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El Banco de España se muestra muy decidido a que la "fusión fría" que aprobaron en el mes de mayo la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria salga adelante porque "beneficia a todas las partes" y al sistema financiero español, según fuentes cercanas al organismo regulador.

Las diferentes posturas que, hasta ahora, se han presentado irreconciliables por las dos entidades que lideran la operación -CAM y Cajastur- deben volver al seno de la negociación en aras de alcanzar un acuerdo. Esta es la recomendación que el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez lanzó ayer a las cuatro entidades.

El supervisor no quiere oír de una posible ruptura. Sin embargo, esta posibilidad fue la que dominó a lo largo del día de ayer en la mayoría de las informaciones que aparecían en agencias nacionales y páginas webs de los diarios. Cajastur dio prácticamente por rota la alianza con la CAM, según varias agencias, después de conocer que la caja alicantina se negó el jueves a dejar el poder absoluto del grupo resultante en la figura del consejero delegado, que no es otro que el presidente de la asturiana, Manuel Menéndez. Un portavoz oficial de esta entidad advirtió el mismo jueves por la noche que "los contratos se aprueban o se rechazan en su totalidad, pero no por partes", refiriéndose a la decisión de Caja Mediterráneo, de aprobar parcialmente el documento, acordando integrarse en el SIP, pero negando el mando absoluto a Menéndez.

Reuniones

Esa misma noche ya circulaba en medios financieros que la nueva situación en el proceso del SIP, no sólo sería abordada ayer por el Banco de España, sino que éste iba a obligar a la entidad de ahorro alicantina a volver a convocar con urgencia para hoy a su máximo órgano para que revisara sus objeciones al contrato del SIP. Ayer, la CAM no había convocado a sus consejeros para el día de hoy y sus representantes salieron de la reunión de Madrid con la receta de reanudar las negociaciones, al igual que el resto de entidades que participan en el proceso. El supervisor deja a las partes que superen el escollo que ha complicado toda la negociación: la imposición de Menéndez de controlar el SIP de forma irrevocable, pese a que no estaba en el protocolo firmado.

La CAM entiende que esta exigencia no es asumible, ya que, entre otros motivos, restaría capacidad de decisión a la junta, además de romper el equilibrio de reparto de poder pactado. Ambas entidades tendrían un 40% de participación cada una en el futuro grupo, mientras que Caja Extremadura tendría el 11% y Caja Cantabria, el 9%.