La Audiencia Nacional ha admitido a trámite los recursos que, por separado, han interpuesto CC OO y UGT contra el recorte salarial de los empleados públicos que acordó la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos el pasado 25 de mayo en aplicación de las directrices marcadas por el Gobierno.
En un decreto del pasado 9 de julio, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso de CC OO, según informó ayer el sindicato en una nota. Con el recurso, la organización sindical pretende que "se restablezcan los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos a la situación anterior a esa decisión gubernativa de confiscación de sus salarios".
También UGT presentó el pasado 25 de junio un recurso contencioso-administrativo contra el recorte salarial, informó ayer el sindicato en un comunicado. Además, la federación FSP de esta organización ha presentado una solicitud al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la rebaja salarial aprobada por el Ejecutivo.
Ambos recursos buscan paralizar la reducción de las nóminas de los funcionarios y empleados públicos, que se modificaron el pasado 1 de junio con arreglo a la rebaja de entre el 0,56% y el 7% acordada por el Consejo de Ministros del 20 de mayo, dentro de un paquete de medidas para ajustar el déficit público.
El pasado 25 de mayo la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos dictó una resolución en la que se daban instrucciones en relación con las nóminas. Contra esta resolución están dirigidos los dos recursos contencioso-administrativos de las federaciones de CC OO y de UGT.
Ahora, la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, tiene veinte días para remitir a la Audiencia Nacional el expediente administrativo completo que ha motivado el recurso. CC OO, que celebró ayer la decisión del órgano judicial, todavía estudia la forma de recurrir el Decreto Ley, que ha afectado no sólo al personal funcionario de la Administración General del Estado, sino también a los empleados de las administraciones autonómicas y locales y al personal estatutario. A ellos se suman, entre otros, el personal docente universitario,, el personal militar profesional y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, el Cuerpo de Secretarios Judiciales y los distintos cuerpos de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
