El consejo de administración de la CAM celebra hoy una reunión clave para el futuro de la entidad. El máximo órgano de la caja tendrá que decidir sobre el contrato definitivo de integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP), que lidera junto a Cajastur y en el que participan Caja Cantabria y Caja Extremadura.

Las cuatro entidades celebran esta tarde sus consejos extraordinarios para someter a aprobación el acuerdo, tras varias semanas complicadas de negociaciones que, incluso, han llegado a estar bloqueadas por las últimas pretensiones del presidente de la asturiana y futuro consejero delegado del banco que se creará, Manuel Menéndez, de obtener los plenos poderes -además, con carácter irrevocable- de la junta universal del nuevo grupo, que será el quinto más importante del sector financiero español.

El núcleo de mayor peso en el seno del consejo de la CAM aseguraba ayer desconocer el contenido final del documento que han negociado hasta el último momento las cajas, pero confiaba que en el texto que se someta hoy a aprobación no se reflejen negro sobre blanco las aspiraciones con las que sorprendió durante las negociaciones el mandatario de la caja asturiana, dado que no estaban contempladas en el protocolo de intenciones aprobado a finales de mayo. Las condiciones han generado un amplio rechazo en el seno del consejo por el desequilibrio añadido que supondría esta concesión en el reparto de poderes.

Ya en cifras, el preacuerdo refleja que la CAM y Cajastur participarán en el SIP con el 40% cada una, pese a duplicar la primera el tamaño de la segunda. Las otras dos entidades de ahorro tendrían un 11% y un 9% en el futuro grupo que presidirá el máximo responsable de la CAM, Modesto Crespo, quien ayer habría estado negociando hasta última hora para conseguir un texto que pudiera ser aprobado hoy por el consejo. No obstante, distintas fuentes aludían a que los cambios se referirían más a aspectos técnicos que a modificaciones de amplio calado como las relativas al mando absoluto que pretende la caja asturiana.

La convocatoria urgente del consejo, al igual que el del resto de entidades, ha estado rodeada de un gran secretismo. Hasta últimas horas de la tarde de ayer algunas de ellas no confirmaron la reunión, pese a que desde principios de semana había calado el mensaje entre los ejecutivos de que "había que estar preparado porque el acuerdo estaba al caer en cualquier momento". En las entidades, incluso, se daban de plazo máximo esta semana, aunque han manejado los tiempos con máxima reserva debido a las repercusiones y al rechazo que han tenido en el seno de la caja alicantina las complicaciones surgidas por las amplias aspiraciones de una de las entidades del futuro grupo.

Sin información

Aunque la mayoría de la veintena de consejeros de Caja Mediterráneo acude a la reunión de esta tarde sin conocer los términos del documento, algunos sugieren que el contrato "es distinto" al que había trascendido "por eso se ha estado negociando intensamente en la última semana". De ahí que algunos confíen en cambios significativos y en "nuevos términos" del contrato porque ya el "núcleo duro" de la CAM puso de manifiesto al presidente, Modesto Crespo, y al director general, Roberto López, en una reciente reunión que las condiciones de la caja asturiana no eran "asumibles" por considerar que suponía una cesión en el reparto de poderes y en la capacidad de decisión, pese a que la CAM le duplicaba en tamaño a Cajastur. Este es el aspecto que más preocupa a los vocales en el consejo. Algunos han expresado sus temores sobre el resultado de la votación de hoy y los condicionantes que puedan planear,al final, sobre la decisión que tome el conjunto del máximo órgano de la CAM y que determinará su futuro.

Otro aspecto que ha molestado en la caja alicantina -aunque éste sí se incluía en el preacuerdo- es el "blindaje" que se garantizaría en el cargo el futuro consejero delegado hasta 2020. El protocolo preveía un mandato de seis años, con prórroga de otros seis si las entidades no se ponen de acuerdo sobre su sustituto.