El presiente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) para que estas entidades puedan emitir cuotas participativas, valores similares a las acciones, ahora con derecho de voz y voto en los órganos de gobierno. En estos momentos, la CAM es la única caja de ahorros española con cuotas participativas, que lanzó en 2008, aunque sin derechos políticos.
La norma limitará la emisión de dichas cuotas al 50% del patrimonio de las cajas, con el fin de evitar su desnaturalización, explicó Zapatero en rueda de Prensa, tras una reunión con representantes de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), a la que asistió el presidente de la CAM, Modesto Crespo. El presidente también explicó que se eliminará el límite del 5% planteado hasta ahora por el que un sólo inversor podría adquirir esas cuotas.
A juicio del jefe del Ejecutivo se trata de una "reforma de calado, imprescindible para la modernización y la eficiencia de nuestro sistema financiero".
El proyecto de reforma, que incluye también medidas para la despolitización y profesionalización del sector, se aprobará a través de un decreto ley que contribuye "ante todo a fortalecer el sector financiero en nuestro país" y por tanto, añadió Zapatero, a la economía y a la estabilidad.
El jefe del Ejecutivo señaló que la reforma de la ley estatal de cajas es "urgente" y consideró que éste es el momento "adecuado", ya que el Gobierno da por concluido "todo el proceso de reestructuración" del sistema financiero. Tras la reforma, que espera que cuente con un amplio apoyo parlamentario y de los gobiernos autonómicos, las cajas contarán con un "abanico extenso" de fórmulas para captar capital, explicó Zapatero.
Cuotas para captar capital
La propia emisión de cuotas ahora ganará atractivo porque la propuesta suprime los límites hoy vigentes a la tenencia de estos títulos por un único inversor, al tiempo que se establecen principios de libertad de emisión y retribución de las cuotas, que se podrán emitir con derechos desde la entrada en vigor de la reforma. Pero además, abre otras vías, ya que recogerá la posibilidad de que las cajas que se integren bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP) -lo que se conoce como "fusión fría"- tengan como entidad central a una sociedad anónima, que puede ser un banco, y ello les permitirá acceder directamente a los mercados.
En procesos de integración en un SIP o alianzas se encuentran ahora, al menos, una quincena de cajas españolas, entre ellas las dos grandes de la Comunidad. Caja Mediterráneo lidera junto a Cajastur la operación, en la que también participan las cajas de Extremadura y Cantabria, aunque las negociaciones para cerrar el contrato definitivo de integración se encuentran en punto muerto.
Por su parte, Caja Madrid y Bancaja encabezan la operación de una "fusión fría" en la que se integran otras cinco entidades :Caja Canarias, Caja Segovia, Caja Ávila, Caja La Rioja y Caja Laietana.
Cajas o fundaciones
Según avanzó el presidente del Gobierno, la reforma dará la posibilidad de que las cajas puedan traspasar su actividad financiera a un banco y transformarse en una fundación, renunciando a su condición de cajas. Se entiende que a través de esta fundación se decidirían las actividades de la obra benéfico-social.
No obstante, para tomar cualquier decisión sobre el cambio de modelo de funcionamiento de una caja o su régimen jurídico, la reforma incluye la necesidad de que cuente con el visto bueno dos tercios del consejo de administración de la entidad.
Despolitización
Para el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, todas estas medidas son el resultado del compromiso del Ejecutivo por reformar la ley estatal de cajas, y fruto del diálogo con las propias cajas de ahorros y el PP, al que ahora se sumará la interlocución con las comunidades autónomas y los sindicatos.En cuanto a la otra pata de la reforma, la profesionalización del sector, se limitará "fuertemente" la presencia de representantes políticos en las cajas, ya que los cargos electos no podrán ser miembros de los órganos de gobierno de estas entidades y se impedirá la participación en dichos órganos de representantes de la administración ejecutiva. En este sentido, la normativa de cajas de la Comunidad Valenciana ya recoge estas limitaciones.
Por otra parte, la nueva ley incluirá exigencias especiales de cualificación y experiencia para, al menos, la mitad de los miembros del consejo de administración de las cajas, entidades que ahora estarán todas obligadas a elaborar anualmente un informe de gobierno corporativo. En el caso de Caja Mediterráneo este aspecto también está recogido en sus Estatutos.
Pocos cambios en la Comunidad
Según distintas fuentes consultadas, la reforma de la Lorca representaría en principio pocos cambios en las grandes cajas de la Comunidad (Bancaja y CAM), dado que, por una parte, están inmersas en sendos procesos de integración en un SIP -por el que sería el banco a crear el que controlaría las líneas de gestión más importantes, incluida la emisión de cuotas- y, por otra, porque la cláusula de despolitización ya está vigente en la normativa autonómica.
