El Consejo de Ministros aprobó ayer recortar el número máximo de vacantes en los organismos y departamentos de la Administración General del Estado del 8% actual al 5% para ahorrar alrededor de 250 millones de euros en los próximos tres años. Asimismo, dio luz verde a la creación del Observatorio de Empleo Público, destinado a analizar la situación del empleo estatal y a la generación de recursos humanos "más eficientes".

Sobre la reducción de las vacantes de la Administración, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, concretó que esta medida de austeridad suprimirá unos 10.600 puestos de trabajo en la Función Pública y evitará "desviaciones al alza" de las masas salariales de los funcionarios. Los únicos organismos públicos en los que no se aplicará la reducción de vacantes serán las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Justicia, los servicios penitenciarios, los servicios públicos de empleo estatal y los controladores aéreos.

En la rueda de prensa, De la Vega aseguró que el Observatorio de Empleo Público "no creará ninguna nueva estructura y por lo tanto no tendrá coste adicional". Además, recordó que el Observatorio será dirigido por las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los agentes sociales.

Por otra parte, el presidente de la Generalitat, José Montilla, aseguró que el Gobierno catalán tuvo que tomar medidas "desagradables", como el recorte salarial de los trabajadores públicos, pero recordó que peor lo pasa quien ha perdido su puesto de trabajo. Así, Montilla reconoció que éstas medidas "eran necesarias para garantizar el futuro de los servicios públicos".