La multinacional Altadis está ultimando el desmantelamiento de su fábrica de tabacos en Alicante sin que por el momento se conozca un proyecto industrial alternativo para las naves, según advirtió ayer CC OO. El sindicato, denunció, igualmente, el hecho de que la compañía "haya rescindido el día 30 los contratos de los pocos trabajadores que quedaban para desarrollar las tareas de desmontaje, pero, sin embargo, si mantenga una subcontrata para hacer estas funciones de vaciado de las instalaciones", según aseguró Manuel Ledesma, secretario general de Agroalimentaria de CC OO en l´Alacantí-Les Marines.

El responsable sindical señaló que esta circunstancia "incumple el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) porque se ha aprovechado para rescindir los contratos cuando se les debería dar continuidad si no se ha acabado el desmantelamiento".

En el ERE se fijaba el 30 de junio como la fecha para que los últimos treinta trabajadores de Altadis dejaran de tener relación laboral con la compañía, ya que en esa fecha se suponía que estaría finalizado el vaciado. "Pero creemos que se incumple el ERE porque el trabajo no ha finalizado y, de hecho, se ha tenido que buscar a una subcontrata", añadía Manuel Ledesma. Como se sabe, a finales de 2009 la tabaquera, instalada en el polígono de Las Atalayas, cesó su actividad, tal y como preveía el ERE y tras la decisión de la nueva propietaria de Altadis -Imperial Tobacco- de reestructurar la red en España, que incluía, entre otros, el cierre de la planta alicantina.

Por otra parte, Ledesma advirtió de que las instalaciones se están desmantelando, "y todavía no hay una alternativa para las naves industriales.

Las autoridades deberían interesarse para captar otras inversiones, ofertas que den continuidad a la actividad industrial en la zona", incidió el dirigente sindical. Ledesma -que es antiguo trabajador de la planta- pone el acento en que el desmantelamiento de Altadis en Alicante "pone fin a doscientos años de presencia de la industria tabaquera en Alicante. Las autoridades también deberían interesarse para evitar que haya una posible especulación con los terrenos", añadió. De los 338 trabajadores que componían la última plantilla, sólo una treintena se recolocó en las plantas de Logroño o Santander; el resto se prejubiló o se fue al paro.