La delicada cuestión del reparto del poder en el futuro Sistema Institucional de Protección (SIP) de la CAM, Cajastur y las cajas de Cantabria y Extremadura tampoco logra poner de acuerdo a los sindicatos de la entidad alicantina. CC OO acusó ayer de "irresponsable" a la organización mayoritaria en la caja, el Sicam, por los recursos y denuncias que ha presentado contra la operación y aseguró que sólo buscan ayudar a la dirección de la caja en su "lucha por el reparto de los cargos directivos" del nuevo grupo.

Mientras, ya son diez los miembros del consejo de administración de Caja Mediterráneo consultados por este diario, la mitad del total, que consideran "inaceptables" las pretensiones del presidente de Cajastur y futuro consejero delegado del SIP, Manuel Menéndez, de que la junta general de accionistas del grupo delegue en él todos sus poderes. Además, al menos otros tres también albergan serias dudas sobre si aceptarían un acuerdo en estos términos.

Por lo que respecta a la actuación del Sicam -que ha recurrido el SIP ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Banco de España, la Generalitat Valenciana y la Comisión Nacional de la Competencia-, CC OO considera que una medida de este calado "sólo estaría justificada ante una agresión a las condiciones laborales de la plantilla, hecho que, de momento no se ha producido". De esta forma, apunta, los trabajadores han perdido un arma con la que presionar si no se logra un acuerdo laboral adecuado en el nuevo grupo.

Por este motivo, CC OO señala que "la verdadera intención (del Sicam) no es la de defender los intereses de los trabajadores", sino para ayudar a la dirección de la entidad en las negociaciones que mantiene con Cajastur por el reparto del poder. Para Comisiones Obreras, en este momento lo principal es constituir una plataforma para negociar las condiciones de la plantilla.

Desde el Sicam, su secretario general, Manuel Navarro, negó tajantemente cualquier complicidad con la cúpula de la CAM y recordó que su representante en el consejo de administración ya votó en contra del SIP en la última reunión. Al respecto, señaló que su principal preocupación son los recortes de plantilla que se puedan producir y también la situación de los trabajadores de la CAM que pasarán a depender del banco que gestionará el negocio conjunto de las cuatro entidades asociadas. "No queremos que pasen a trabajar en un banco, queremos que continúen haciéndolo en una caja y por eso hemos recurrido el decreto", apuntó Navarro, que también recordó el apoyo de CC OO a varios acuerdos laborales en otras fusiones que "han implicado despidos".

En busca de un acuerdo

En cuanto a las negociaciones sobre el contrato final del SIP, Menéndez ya tiene prácticamente garantizado un mandato por doce años porque el protocolo de intenciones aprobado por los consejos de administración de las cuatro cajas implicadas ya contemplaba esa posibilidad, pero desde la dirección de la CAM siguen luchando para evitar que el directivo asturiano acumule en su persona todos los poderes del futuro grupo. El tiempo corre en su contra porque el Banco de España está urgiendo a todas las entidades implicadas en fusiones para que presenten los acuerdos firmados "en los primeros días de julio", según fuentes del sector financiero.

En este sentido, y pese a la negativa inicial del organismo regulador de intervenir en las negociaciones, la entidad alicantina sigue intentando que el Banco de España ejerza su influencia sobre el ejecutivo asturiano para que reconsidere sus exigencias, según fuentes próximas a las conversaciones. Sea cual sea el resultado, lo más probable es que el consejo de administración de la CAM se reúna la próxima semana para aprobar o rechazar el acuerdo que hayan conseguido el presidente de la caja, Modesto Crespo, y el director general, Roberto López. Al inicio de las conversaciones, la idea era cerrarlo antes del día de ayer.

En ese consejo, ya son diez de sus veinte miembros, la mitad, los que no están dispuestos a apoyar una contrato que incluya la delegación de poderes en Manuel Menéndez. "¿Para qué serviría entonces la junta general de accionistas o el consejo? Nadie puede exigir semejante concentración de poder", señalaba ayer uno de ellos. "Ni siquiera me planteo que pueda llegar a nuestras manos un acuerdo con esas condiciones. No es posible", apuntaba otro de los miembros del consejo de la CAM.

Desde Cajastur no quisieron realizar a este diario ningún comentario pero fuentes próximas a esta entidad se mostraron sorprendidas porque se genere ahora esta polémica cuando las atribuciones de Menéndez se daban por supuestas desde un principio.