El Gobierno portugués vetó ayer la venta del 30% de la brasileña Vivo a Telefónica pese a haber sido aprobada por los accionistas de Portugal Telecom (PT) y gracias a una "acción de oro" cuestionada por Bruselas y por la propia empresa lusa. La decisión del Ejecutivo socialista de Portugal fue la segunda sorpresa de la asamblea de accionistas de PT celebrada ayer para decidir la venta de las acciones de Vivo, líder de la telefonía móvil en Brasil, por los 7.150 millones de euros que ofreció en el último momento Telefónica. La primera fue que pese a la fuerza del "núcleo duro" de accionistas portugueses de PT, que controlaban cerca de la mitad de los votos y se habían opuesto públicamente a la venta de Vivo, la oferta de la empresa española fue aprobada por un abrumador 73,9% de los accionistas. Pero la decisión del presidente de la asamblea, Antonio Menezes Cordeiro, de aceptar el veto de la acción estatal con derechos especiales dejó sin efecto los demás sufragios emitidos en la reunión. El presidente del consejo de administración de Portugal Telecom, Henrique Granadeiro, reveló tras la reunión que los responsables de la empresa "tenían la convicción de que la acción de oro no era aplicable a esta materia". Telefónica fijó el pasado día 1 en 6.500 millones de euros la cantidad que estaba dispuesta a pagar por Vivo, 800 millones más que tres semanas antes. La Comisión Europea (CE) ha cuestionado las acciones con derechos especiales que tienen los Estados miembros de la UE y consideró "incompatible" con la legislación europea el uso de esos privilegios.
