La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró hoy que "no sería un disparate" aplicar al mercado laboral el artículo 1.255 del Código Civil que dice que "las partes pueden pactar entre sí todo aquello que no se oponga a la ley, a la moral o al orden público". Al mismo tiempo, la presidenta madrileña subrayó que la reforma laboral presentada por el Gobierno "está hecha al dictado ajeno" y que la "defensa numantina" del Estatuto de los Trabajadores "no tiene ningún sentido"

Aguirre deseó que en la tramitación parlamentaria se introduzcan las enmiendas necesarias para ser "una reforma verdaderamente radical". "A mí me parece que el tocar sólo la cuantía del despido no va a tener casi consecuencias, hay que tocar los convenios colectivos -que se hacen generalmente para empresas grandes y que luego se aplican a pymes- y la parte de la libertad para la contratación", especificó.

"Pienso que no sería un disparate, aunque ustedes no estén tan de acuerdo con ello, que rigiera también en la legislación laboral el artículo 1.255 del Código Civil que dice 'las partes pueden pactar entre sí todo aquello que no se oponga a la ley, a la moral o al orden público'". "Eso sería un cambio radical para facilitar la contratación", manifestó la jefa del Ejecutivo, que subrayó que "todos los españoles saben que cuando gobiernan los socialistas, el paro sube".

A su juicio, la "defensa numantina de IU y los sindicatos del Estatuto de los trabajadores no tiene ningún sentido". "Justamente eso nos diferencia del resto de los países europeos y por eso la crisis se traduce en paro. El paro no está afectando igual a los españoles y al resto de los europeos, por lo que algo estaremos haciendo mal", indicó.

Así, Aguirre señaló que con el 20 por ciento del paro que tenemos, "las reformas que no sean radicales, de ir a la raíz del problema, no son útiles". Explicó que el decreto de la reforma laboral "tiene ambigüedades que van a aumentar la conflictividad laboral", lo que afectará a la seguridad y la confianza. "Ahora mismo hay dudas de qué tipo de contratos se pueden firmar durante la tramitación de la reforma", planteó para después indicar que España, con menos del 1 por ciento de la población mundial, tiene el 2 por ciento de todos los desempleados en el mundo.

Finalmente, Aguirre criticó que de los 33 días de indemnización, 8 de ellos los va a pagar el FOGASA, pero no dijo que se financia con las cotizaciones sociales de los empresarios. "O sea, que al final va a resultar que una parte del despido la van a pagar aquellos empresarios que no destruyen empleo", lamentó. "A mí, el Gobierno presenta una reforma que yo creo que está hecha al dictado ajeno, que no cree en ella, y de esta manera no va a poder convencer a nadie", sentenció.