Con la abstención del PNV confirmada, ha allanado el camino para la convalidación Real Decreto Ley de la reforma laboral por el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo confía, además, en que los grupos decidan tramitarla como proyecto de ley y lo hagan por la vía de urgencia, para que la reforma esté lista definitivamente en pocas semanas.
El Gobierno espera que la reforma permita que en lo que queda de 2010 y 2011 se firmen 2,37 millones de contratos indefinidos.
Los grupos se preparan para el debate de esta reforma con la que el Gobierno calcula, según la memoria económica del decreto, que entre julio y diciembre de este año se firmen 895.723 contratos indefinidos, mientras que en 2011 se suscribirían 1.474.497 contratos más.
El citado informe también cifra los costes de las principales medidas de la reforma, que rondarían los 700 millones de euros hasta 2012.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, apeló este lunes a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que faciliten la convalidación del decreto, al tiempo que abogó por que ésta se tramite como proyecto de ley por la vía de urgencia para que pueda estar lista en septiembre.
Mientras el PNV fijó este lunes su posición en el debate, el PP emplazó al Gobierno a que le llame para buscar acuerdos, ya que no tiene todavía decidida su posición, y CiU, que adelantó la semana pasada que no obstaculizará la convalidación del decreto, esperará a este martes a confirmar su voto.
No obstante, el grupo socialista continuó este lunes negociando con los nacionalistas catalanes aspectos del decreto que "no estaban determinados" y el secretario general de Unió Democrática de Cataluña (UDC), Josep María Pelegrí, señaló este lunes que la posición de la federación nacionalista CiU se fraguará "en función de lo que suceda hoy y mañana".
La secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, se mostró también convencida de que el decreto será convalidado, al tiempo que reiteró que los socialistas "se sienten muy cómodos tal y como está" el texto.
En este sentido, el ministro de Trabajo insistió en que "los elementos esenciales" de la reforma aprobada por el Consejo de Ministros no se modificarán durante su tramitación parlamentaria, en especial lo referente a los modelos de contratación.
Corbacho insistió en que los empresarios cuentan ya con completa seguridad jurídica a la hora de aplicar la nueva norma, por lo que no deben esperar a la tramitación definitiva para poder empezar a aplicarla.
"Tengo la plena convicción de que el tema de la contratación ha tenido una valoración positiva y que saldrá del trámite de la ley tal y como está hoy", afirmó, tras considerar que el paso de la norma por el Congreso servirá básicamente para introducir novedades sobre las políticas activas de ocupación y el absentismo laboral, entre otras materias.
Apeló a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que no bloqueen la convalidación.
Sin embargo, el PP siguió este lunes "muy crítico" con el proyecto del Gobierno y el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, emplazó al Ejecutivo a que le llame antes del "último minuto" para explorar vías de un hipotético acuerdo, ya que "no hay una postura máxima cerrada".
Según Pons, en el caso de que de las conversaciones entre el PP y el Gobierno se desprenda una posibilidad de acuerdo, los populares podrían decantarse por el "sí".
Por su parte, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, anunció hoy que "lo más probable" es que su grupo parlamentario vote en contra del decreto ley, ya que "cuela el despido libre por la puerta trasera".
A esta tramitación aludió el ex ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, que criticó la falta de propuestas de la oposición en esta materia y les instó a "que se mojen".
En otro sentido, a la CEOE tampoco le gusta la reforma que será convalidada porque "adolece de una perspectiva global" que aborde la vinculación del sistema educativo a las demandas de empleo.
El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, insistió en que por el camino de los recortes sociales no se van a solucionar los problemas del empleo y señaló que la reforma laboral utiliza a los trabajadores como los paganos de la crisis sin ser los causantes de ella y rompe la negociación colectiva.
Por su parte, la Federación de Autónomos de ATA propone que las microempresas puedan despedir de forma objetiva (con 20 días de indemnización) cuando tengan un 15% de pérdidas, mientras que las empresas de menos de seis trabajadores puedan hacerlo cuando justifiquen una caída del 25% en sus ingresos durante seis meses consecutivos.
