El consejo de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca) aprobó ayer su propuesta para reformar la actual ley orgánica que regula el sector y que, de aprobarse, abriría la puerta a la privatización de estas entidades. La iniciativa, que la patronal enviará al Banco de España y al Ministerio de Economía de forma inmediata, persigue sobre todo que las cajas tengan más facilidades a la hora de captar recursos en el mercado, para lo que se proponen importantes modificaciones en la regulación de las denominadas cuotas participativas, equivalentes a las acciones de los bancos.

Para empezar, quiere que el dinero captado mediante estas cuotas pueda computar para cumplir con las exigencias mínimas de capital básico (core tier 1), que exigirá la nueva normativa bancaria. Para ello habría que "flexibilizar" su retribución y "desvincularla totalmente de la obra social", según explica la CECA. Es decir, que los fondos para la obra social sólo podrán salir del porcentaje de beneficios que le corresponda a la caja según el capital que mantenga en su poder, nunca del que le corresponda a los propietarios de las cuotas.

Además, propone que los cuotapartícipes también tengan representación en los órganos de gobierno de las cajas, a diferencia de lo que ocurre actualmente en la CAM, la única caja que hasta el momento ha utilizado este mecanismo de financiación. En la misma línea, la CECA pide que se suprima el límite del 50% del capital que estas entidades pueden destinar a las citadas cuotas cuando haya situaciones de crisis, lo que daría pie a que el capital privado controlara por completo una caja.

Fundaciones

Las cajas también plantean la posibilidad de desarrollar sus objetivos comerciales y empresariales "indirectamente" y de "forma instrumental", por medio de otra entidad de crédito. Es el llamado modelo italiano, por el que la caja se convierte en sociedad anónima de la que una fundación es la principal accionista y la que realiza la obra social con el dividendo obtenido.

Además, la Confederación también propone que la ley regule las agrupaciones de cajas como modalidad articuladora de los SIP, para evitar que las operaciones que se realicen entre las distintas entidades de una "fusión fría" deban tributar por el IVA. La actual legislación encarece esta fórmula para fusionar entidades.