El Gobierno facilita y abarata el despido con la nueva reforma del mercado de trabajo

Generaliza el contrato con 33 días de indemnización y no fija un plazo de pérdidas para despedir por causas objetivas

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El Gobierno facilita y abarata el despido con la nueva reforma del mercado de trabajo
El Gobierno facilita y abarata el despido con la nueva reforma del mercado de trabajo 

redacciÓN / EFE MADRID El Gobierno amplia los colectivos a los que se podrá aplicar el contrato de fomento del empleo estable y que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) pague 8 días de las indemnizaciones por despido improcedente y objetivo. Estas son dos de las principales modificaciones que el Ejecutivo aprobó ayer en su documento definitivo de reforma laboral, que al tratarse de un real decreto ley entrará en vigor hoy, pero al que se podrán incorporar, posteriormente, mejoras en su trámite parlamentario, tal y como ha aceptado el Gobierno.
Los cambios se han producido después de que el Ejecutivo haya celebrado una ronda de contactos con los partidos políticos para explicarles su borrador de reforma y pedirles que la convaliden el martes 22 de junio en el Congreso de los Diputados.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, explicó que en el borrador presentado a los partidos había algún colectivo al que no se podía aplicar el contrato de fomento del empleo estable, cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días frente a los 45 de un fijo ordinario. Ahora se amplía a los hombres de entre 31 y 44 años que hayan tenido un contrato fijo y que hayan sido despedidos, algo que es de "justicia" y que con la actual legislación es "imposible", opinó Corbacho. Según el ministro, con esta decisión se da una mayor oportunidad a las personas "atrapadas" en la temporalidad o los desempleados. La intención del Ejecutivo es que el contrato de fomento del empleo estable "se use lo mas posible", destacó Corbacho, al tiempo que rechazó que esto suponga "universalizarlo" frente al fijo ordinario, que, precisó, mantiene sus derechos adquiridos, ya que el real decreto aprobado no tiene carácter retroactivo. Es decir, no afecta a los indefinidos ya firmados, que siguen manteniendo su indemnización de 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente, que es el caso de la mayoría de las extinciones de la relación laboral.
En cuanto a que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) financie 8 días de las indemnizaciones por despido, Corbacho indicó que también se amplía en el real decreto la cobertura. Así, el Fogasa se hará cargo de esos 8 días en las indemnizaciones por despido improcedente de los fijos ordinarios (45 días), de los de fomento del empleo estable (33 días) y de los colectivos por causas objetivas (20 días). En el borrador sólo se contemplaba la cobertura de los despidos del contrato de fomento estable, tanto procedentes como improcedentes.

Temporalidad
Otra novedad apuntada por Corbacho es la que afecta a la contratación temporal. Al respecto, aclaró que el "único" contrato de carácter temporal que cambia su régimen jurídico es el de obra y servicios. De acuerdo con su explicación, lo que se modifica es la cuantía de su indemnización por despido que de los 8 días actuales pasará a 12 en 2015.
En cuanto a las empresas de trabajo temporal, el ministro de Trabajo adelantó que en el real decreto se les levanta la restricción de operar en el sector de la Administración Pública.
Para Corbacho, la reforma aprobada es "sustancial" y es de las "más importantes que se han acometido en el país en los últimos años". Sus objetivos -detalló- son tres: mejorar la productividad, dar mayor estabilidad en el empleo y dotar de más flexibilidad interna a a las empresas, "lo que no quiere decir más inseguridad".
Otra de las novedades del decreto es que establece que una empresa sólo tendrá que acreditar pérdidas, sin un plazo determinado, para justificar despidos objetivos explicó el titular de Trabajo, Celestino Corbacho. El borrador de la reforma sí fijaba un plazo de seis meses. De acuerdo con el texto actual, se podrá recurrir al despido objetivo por causas económicas -cuya indemnización es de 20 días- cuando "de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa", ya sea en un contrato de fomento del empleo o de uno indefinido. "A estos efectos, las empresas tendrán que acreditar los resultados y justificar que de los mismos se deduzca mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva".
Fuentes gubernamentales descartaron que esto suponga facilitar el despido de 20 días, ya que, precisaron, la empresa tendrá que demostrar que ha incurrido en pérdidas para poder acogerse a esa indemnización. Por su parte, Corbacho añadió que las causas objetivas de un despido "siempre debe determinarlas un juez" por lo que se mantiene la tutela judicial efectiva y aseguró que el texto del decreto ley se ha modificado para "arrojar claridad". Asimismo, dijo que el Gobierno "no espera" que este concepto se modifique durante la tramitación del decreto ley en el Parlamento como proyecto de ley a través de las enmiendas que puedan presentar los diferentes grupos parlamentarios.

Entre el borrador y del decreto
El ministro aseveró que "nunca estuvo en la propuesta de Gobierno" determinar el plazo de pérdidas económicas que debe acreditar una empresa para poder despedir de forma objetiva, con una indemnización de 20 días y dijo que la propuesta de que fueran 6 meses consecutivos de pérdidas estuvo en la mesa del Diálogo Social pero fue rechazada. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega -que compartió la rueda de prensa con Corbacho- aseguró que la reforma laboral tiene una "ambición" primordial: que "el despido sea siempre la última opción".
Anteriormente, durante la sesión de control al Gobierno en el parlamento, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó su confianza en que la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros sea objeto de un "debate intenso" en el Congreso, sobre todo si se tiene en cuenta que todos los partidos coinciden en la necesidad de esta medida.

Retraso del modelo austriaco
El Gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto de ley independiente para el fondo de capitalización de la vida laboral los trabajadores, que imita el modelo austriaco y que debe servir para abonar una parte de los despidos. Según Corbacho, el proyecto de ley debe presentarse y debatirse en un año. El ministro añadió que el Gobierno no tiene intención de aumentar las cuotas empresariales de la Seguridad Social para nutrir este fondo.
Tras la aprobación del decreto, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, afirmó que la reforma laboral "de calado" a la que aspiraba la patronal "se ha quedado en una reformita". Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, cree que los sindicatos tienen "pánico al cambio" con su convocatoria de huelga general en contra de la reforma laboral, una reforma que, a su juicio, "va por buen camino, aunque todavía no es totalmente satisfactoria y esperemos que se mejore en el debate parlamentario".
Y desde el principal partido de la oposición, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que el decreto "no es, como todos sabemos, una auténtica reforma del mercado laboral".
En su opinión, no se aborda la negociación colectiva y la formación profesional y "no se da una auténtica salida a la contratación de nuestros jóvenes y no se incentivan determinadas contrataciones que podrían aliviar a aquellas personas que hoy no pueden tener un puesto de trabajo".

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