"Habrá huelga general". Con estas escuetas palabras el responsable de comunicación de CC OO, Fernando Lezcano, anunciaba ayer que el consejo federal del sindicato había dado luz verde al que será el séptimo paro general de la democracia para intentar frenar la reforma laboral que el Gobierno tiene previsto aprobar mañana por decreto. UGT también se sumará a la convocatoria pero prefirió esperar hasta hoy, cuando también se anunciará la fecha de la movilización, para hacerlo oficial. Mientras, el Ejecutivo sigue negociando en busca de apoyos parlamentarios y se muestra dispuesto a tramitar la reforma como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan introducir sus enmiendas.

En el caso de CC OO, el apoyo a la huelga general fue unánime entre los miembros de su consejo confederal al considerar que el proyecto presentado por el Gobierno "es más sensible a las peticiones de los empresarios". A su juicio, el documento presentado por el Ejecutivo lo único que consigue es facilitar y abaratar el despido y no acaba con la dualidad entre contratos indefinidos y temporales. Como se recordará, la propuesta del Gobierno pretende generalizar el contrato con 33 días de indemnización e introduce la posibilidad de que las empresas que acumulen seis meses de pérdidas puedan despedir pagando sólo 20 días.

Sobre las fechas de la huelga, serán los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, quienes hoy le pongan fecha, aunque lo más probable es que se convoque en septiembre u octubre, para darles tiempo a preparar la movilización. En este sentido, el 29 de septiembre parece ser el día que más posibilidades tiene ya que así coincidiría con las movilizaciones que se desarrollarán en toda Europa contra los planes de ajuste anunciados por los diferentes gobiernos.

Entretanto, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, aseguró que este partido está abierto a que se tramite como proyecto de ley y no como decreto-ley la reforma, que calificó de "tremendamente positiva, sensata y equilibrada". De esta forma se allanaría el camino a que otros partidos puedan introducir sus demandas en el texto y garantizarse así su voto. Así, se realizaría una primera votación en el Congreso para aprobar el decreto y que las primeras medidas entraran en vigor inmediatamente y posteriormente se realizaría la tramitación como ley. Al respecto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió ayer ante la dirección federal del PSOE la conveniencia de reformar ampliamente el mercado laboral, tarea en la que espera contar con el máximo apoyo posible de los partidos.

Desde el PP, su secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que hablarán con el Gobierno sin líneas rojas, pero pidió más concreción, ya que en el documento que les han remitido reina "la confusión". También señaló que una huelga general "no es lo más adecuado para el país", punto de vista con el que coincidió con el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien reclamó a los sindicatos que "dejen a un lado el inmovilismo y tengan altura de miras".

Por su parte, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, señaló que su grupo no está dispuesto a cargar con la responsabilidad de la reforma. IU anunció su rechazo frontal y ERC se mostró dispuesto a negociar. El PNV esperará a ver publicado el decreto.