El grupo financiero que constituirán la CAM, Cajastur (que incluye a Caja Castilla-La Mancha), Caja Cantabria y Caja Extremadura reducirá su plantilla global en un 11,9% en el plazo de tres años para mejorar sus ratios de eficiencia y rentabilidad. Así consta en el contrato de constitución del SIP (Sistema Institucional de Protección) que los consejos de administración de las cuatro entidades aprobaron ayer junto con la autorización para la solicitud de 1.493 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)para acometer el proceso, según fuentes del consejo de la caja alicantina.

De esta forma, el número de puestos de trabajo que se suprimirán en el conjunto de estas entidades rondará los 1.700, aunque durante el consejo de ayer no se especificó qué cantidad correspondería a cada una de ellas (en un principio se estimó que la afectación en la CAM sería de un máximo del 10% de la plantilla, unos 700 trabajadores). La reducción de personal se produciría por el cierre de oficinas, que tendría como objetivo acabar con el actual exceso de capacidad que presentan todas las entidades financieras, y por la creación de algunos servicios comunes. Así, también se prevén importantes ahorros, por ejemplo, en el área de informática.

En este sentido, el protocolo de intenciones suscrito por las cajas ya preveía que en el año 2014 el SIP conseguiría unos beneficios de 1.079 millones de euros, un 80% más de los que consiguieron por separado las cuatro entidades el pasado año.

Sin embargo, estos argumentos no parecen ser suficientes para los sindicatos, que ayer mostraron su malestar durante la celebración del consejo de la CAM porque la dirección de la caja todavía no se ha sentado con ellos para negociar un acuerdo laboral. Sólo tienen el compromiso verbal del director general, Roberto López Abad, de que todos los trabajadores mantendrán sus actuales condiciones laborales y que cualquier reducción de plantilla se realizará de forma no traumática, mediante prejubilaciones.

Por este motivo, tanto el representante de UGT, como el de Sicam (que en la votación previa se abstuvo) votaron ayer en contra de la constitución del SIP. Además, tampoco apoyaron la solicitud de ayudas al FROB, cuyo plazo de presentación expira hoy.

La CAM y sus socios no fueron los únicos que ayer analizaron las repercusiones laborales de su integración. También el consejo de administración de Bancaja recibió información sobre los recortes de personal que supondrá su integración con Caja Madrid y otras cinco entidades de menor tamaño. En este caso, se prevé el cierre de unas 500 oficinas en todo el país y la amortización del 13% de la plantilla, lo que puede suponer la supresión de unos 4.000 empleos. Dependiendo de cómo afecte a los servicios centrales, la repercusión de estos recortes en Bancaja serán de entre 800 y 1.500 empleados menos, según las estimaciones que realizaban ayer los sindicatos mayoritarios de la entidad.