El Gobierno se ha volcado en pedir el apoyo de los grupos políticos a la reforma laboral que va a aprobar, y el propio jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha apelado a la responsabilidad de los partidos en la búsqueda de un consenso que ya no va a lograr por la vía del diálogo social.
Gobierno, patronal y sindicatos no lograron ni siquiera acercar posturas en la maratoniana reunión que comenzó ayer por la tarde y que ha finalizado a primeras horas de esta mañana con la ruptura de las conversaciones al no llegarse a un acuerdo.
Las organizaciones sindicales y la CEOE se echan la culpa mutuamente de la imposibilidad del acuerdo, aunque coinciden en las razones: los costes de las indemnizaciones por despido y la ampliación de las causas por las que se puede considerar procedente la extinción de un contrato.
Frente al desacuerdo, el Gobierno asume el mando y el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró desde Roma que tiene "muy claras" las ideas sobre lo que hay que hacer y pidió el apoyo de los partidos para sacar la reforma adelante.
Pocas horas después de acabar la reunión, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, criticó a los sindicatos por "no querer ver la realidad" y más tarde los tildó de inmovilistas en sus reivindicaciones, aunque también reconoció que no le gustó, por insuficiente, la propuesta del Gobierno.
Mientras, el líder de UGT, Cándido Méndez, señaló que la ruptura de las negociaciones se ha debido a que la patronal no pretendía negociar y sólo quería comprobar si se reflejaban sus pretensiones "de la A a la Z".
En el mismo sentido, el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, acusó a la CEOE de querer aprovecharse de la coyuntura de crisis para conseguir sus antiguas aspiraciones de abaratar el despido y dar mayor discrecionalidad a las empresas.
El Gobierno, que este viernes entregará a patronal y sindicatos -en reuniones separadas- un nuevo documento con su propuesta de reforma, buscará en el arco parlamentario el consenso que no ha logrado en el diálogo social.
Así lo confirmó José Luis Rodríguez Zapatero, quien insistió en que hay que corregir el "mal histórico" de un modelo laboral que ha tenido "pocas variaciones en los últimos veinticinco años" y que provoca un paro elevado en tiempos de crisis y una alta temporalidad.
Por esta razón, el Gobierno primará la contratación indefinida frente a la temporal, reducirá el esfuerzo en el coste del despido y dotará de mayor flexibilidad la negociación colectiva, según apuntó el presidente.
La invitación a los partidos ya la hizo antes la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, quien apuntó que se van a acelerar los contactos para tratar de recabar apoyos antes de que el decreto, que se aprueba en Consejo de Ministros el 16 de junio, llegue al Congreso, probablemente una semana después.
El Ejecutivo no lo tendrá fácil, y aunque el líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró que si el Gobierno le llama para abordar la reforma laboral, el partido está "dispuesto a pactar y a hablar", si bien lamentó haber leído en los medios que la intención del Ejecutivo sea pactar con CC, CiU y ERC.
Rajoy puntualizó que "estas cosas, como habitualmente hace el presidente del Gobierno, sin hablar se resuelven mal", y recordó que los objetivos que su partido considera irrenunciables son el fomento de la contratación indefinida y cambiar la negociación colectiva para adecuarla a la situación de las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en España.
Desde CiU, su portavoz, Josep Antoni Duran Lleida, advirtió de que el decreto no puede tener "cualquier contenido", y debe dar "respuesta a las expectativas" puestas, y dejó claro que todavía no han decidido si lo apoyarán o lo rechazarán.
Durán responsabilizó más tarde a Zapatero del fracaso en el diálogo social por haberse puesto durante mucho tiempo "en manos de los sindicatos" para evitar una huelga general.
El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, urgió al Ejecutivo a presentarles su propuesta, y el diputado de IU, Gaspar Llamazares, atribuyó el fracaso del diálogo social a "la codicia" de la patronal y a "la pasividad" del Gobierno.
Llamazares insinuó además que la CEOE y el Ejecutivo preparan una contrarreforma en contra de quienes "más sufren esta crisis", es decir, los trabajadores.
