Los consejos de administración de Bancaja y Caja Madrid aprobaron anoche la fusión mediante SIP de ambas entidades, una operación de la que venía hablándose con insistencia en los últimos días y que se ha consumado en menos de una semana con el beneplácito evidente de la sociedad madrileña y la mayoritaria resignación de la valenciana, pese a los aplausos forzados que se vieron obligados a dar ayer los responsables políticos de la autonomía y las manifestaciones del presidente de la entidad, José Luis Olivas, quien, al término de la reunión del consejo, se mostró "contentísimo, orgulloso y muy satisfecho" por el acuerdo. La entidad resultante pedirá 4.50 millones de euros al Fondo de Reordenación Bancaria (FROB).

Pero, en realidad, era la opción más temida. La CAM logró sortearla a finales de mayo cuando se alió a Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Para Bancaja, que hasta hace pocos días insistía en que seguiría en solitario, ha sido imposible esquivar la presión combinada del Banco de España, el PP, el Gobierno, el peso del presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato y, de forma sobresaliente, del cierre de los mercados de capitales, que ponía en peligro la liquidez de la entidad, ante los vencimientos que tenía que cumplir este año por importe de 3.500 millones. Con una Generalitat totalmente debilitada por el caso Gürtel, el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, ha batallado casi en solitario.

Un peso del 42%

El acuerdo entre Bancaja y Caja Madrid supone para la entidad valenciana sumarse al SIP -un tipo de fusión en el que los socios aúnan en una entidad cabecera las políticas relacionadas con la gestión al tiempo que mantienen su marca, red de oficinas, órganos de gobierno y obra social- que la caja madrileña negocia con otras entidades de menor tamaño como la Insular de Canarias, Ávila, La Rioja, Segovia y Laietana.

Como la incorporación de éstas aún no está cerrada, el acuerdo implica que Bancaja se queda con un peso del 42% -superior al 37% que le correspondería por volumen de activos- y Caja Madrid, con el 58% (debería tener un 63%). Estos porcentajes variarán a la baja en función de cuáles de las citadas cajas se incorporen finalmente al proyecto. La situación de inferioridad de Bancaja respecto a Caja Madrid se compensa con el hecho de que se establece una mayoría cualificada para tomar determinadas decisiones, especialmente aquellas que tengan un componente estratégico.

La Generalitat y Olivas han logrado que la sede social del grupo esté en Valencia, pero la operativa, que es donde se cuece la gestión, estará en Madrid.

También han conseguido que se ubique aquí la sede de una corporación que agrupará las participaciones empresariales de las dos entidades, entre las cuales destacan sus paquetes en el Banco de Valencia, Iberdrola o Iberia.

Rodrigo Rato será el presidente ejecutivo y José Luis Olivas ocupará unas de las vicepresidencias, también ejecutivas, así como la presidencia del Banco de Valencia, que se mantiene dentro del grupo.

No está decidido quién ocupará la dirección general, pero sí se ha descartado la figura de un consejero delegado.

Para la formalización del SIP será necesario tener una ficha bancaria que ejerza de entidad cabecera del grupo. Aunque en algún momento de las conversaciones se ha barajado la opción del Banco de Valencia, todo indica que se utilizará una de las denominaciones "dormidas" que tiene Caja Madrid y que podría coincidir con la de la Banca Jover. Aunque tampoco se descarta la marca Promobanc.

Supera a La Caixa

Caja Madrid y Bancaja crean así la primera caja española por volumen de activos. Ambas entidades sumarán por este concepto 303.453 millones de euros, cifra que se incrementará hasta los 339.020 si se tiene en cuenta a las otras cinco cajas. De este modo, el volumen de activos de la nueva entidad superará al de La Caixa y Caixa Girona, que asciende a 279.678 millones. Además, el nuevo grupo tendrá un volumen de negocio de 376.000 millones, con lo que superará en España al Banco Santander y al BBVA.

Oposición sindical

El acuerdo fue aprobado por todos los miembros del consejo de administración, a excepción de uno de los respresentantes del grupo de personal, el del mayoritario Sate, que expresó su oposición, al menos, hasta conocer cuál serán las condiciones finales del acuerdo laboral que conllevará el nuevo grupo.

Esta cuestión, según las fuentes consultadas, aún no está resuelta, al igual que el cierre de sucursales, si bien parece que se producirá la clausura de alguna de ellas y que otras pueden pasar a estar bajo el paraguas del Banco de Valencia.

De hecho , lo que han firmado las dos entidades es un acuerdo de intenciones sobre el que hay que profundizar. De ahí que se baraja la posibilidad de que la semana próxima se celebre un nuevo consejo de administración para debatir sobre el plan de viabilidad.

Entre otras cuestiones que trascendieron ayer sobre el protocolo de acuerdo está que las entidades participantes del mismo podrán dar créditos sin la aprobación previa del SIP en el caso de préstamos de cierto volumen, algo que sucede en otros Sistemas Institucionales de Protección. Asimismo, las entidades han decidido mutualizar al 100% el beneficio que obtengan, que consolidará en la cabecera.