El protocolo de intenciones firmado por Bancaja y Caja Madrid conlleva un reparto de la red de sucursales que en la actualidad tiene cada entidad. Según explicó el presidente de la caja valenciana, José Luis Olivas, durante la reunión del consejo de administración de ayer, Bancaja se hará cargo de todas las sucursales que Caja Madrid tiene en la Comunitat Valenciana (131) y Baleares (29). Por su parte, la entidad valenciana cederá todas sus oficinas en la Comunidad de Madrid (93) y en Castilla-La Mancha (28). Queda por determinar qué sucederá con los locales que ambas tienen en el resto de territorios y si, como está sucediendo en otras fusiones virtuales, se adjudican al banco que actuará como entidad cabecera del grupo.

Durante la reunión del consejo, Olivas insistió en que la decisión de unirse con Caja Madrid es fruto de una coyuntura en que los mercados de capitales, por culpa de la crisis de la deuda, están cerrados. Bancaja tiene vencimientos este año de 3.500 millones y de 3.000 en 2011, lo que hacía muy conveniente para la entidad, después de que se rompiera la expectativa de una subida de tipos, de encontrar un socio para, juntos, poder acceder al capital. Olivas insistió en que los problemas de Bancaja son de liquidez, por el estrangulamiento de los mercados, y no de solvencia.

El presidente de Bancaja, por otro lado, dejó entrever, según los asistentes al encuentro, que en la opción de Caja Madrid también ha pesado la cuestión ideológica, en el sentido de que ambas autonomías están gobernadas por el PP. Olivas, asimismo, admitió ayer que en este ya largo proceso de reestructuración del sistema financiero ha recibido ofertas de algunas cajas medianas, que no ha aceptado, al igual que hizo a principios de 2009, por inadecuadas, con Cajastur y Caja Navarra. El ex presidente de la Generalitat reiteró que los intentos de una fusión con la CAM no prosperaron porque los informes encargados constataron la inviabilidad del proyecto por los elevados costes. En este sentido, concluían que la integración necesitaría diez años para amortizar la operación incluso contando el dinero del Frob. El SIP con Caja Madrid lo han dejado en manos de las consultoras Deloitte y Uría y Menéndez.