El Gobierno está dispuesto a pagar, con cargo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ocho días del coste total de los despidos objetivos de todos los contratos de fomento del empleo, ya sean procedentes o improcedentes e individuales o colectivos. Es una de las medidas que el Ejecutivo presentó a los agentes sociales durante las negociaciones, que acabaron rotas tras diez horas de duración, y que ahora hará llegar a los grupos políticos.
Además se endurecen las condiciones para el encadenamiento de contratos temporales: el Gobierno propone que no se puedan encadenar contratos, ya sea en un puesto o en otro diferente, en una empresa u otra del mismo grupo, con el mismo o varios contratos, durante un máximo de dos años
De mantener esta medida en su propuesta definitiva, el Gobierno permitiría un despido más barato para los empresarios aunque sin disminuir la indemnización que percibirían los trabajadores acogidos a este tipo de contrato, ya que sería Fogasa el que se haría responsable de abonar ese desajuste.
La anterior propuesta, la que Trabajo presentó el 12 de abril, no era tan generosa y sólo se extendía el pago de ocho días de indemnización por parte del Fogasa para los despidos procedentes a todas las empresas, cuando actualmente sólo se abona a las que tienen menos de veinticinco trabajadores.
Ahora valdría para todos los despidos por causas objetivas -económicas, tecnológicas, organizativas y productivas-, en los contratos de fomento, ya fueran declarados procedentes (20 días de indemnización) o improcedentes (33 días) o tratasen de individuales y colectivos, además de en cualquier tipo de empresa.
La propuesta tiene una sola excepción, para el caso de los despidos disciplinarios considerados improcedentes. Además, para los despidos objetivos se reduce de treinta a quince días el preaviso al que está obligada la empresa.
Otra de las novedades con respecto al documento de abril es el encarecimiento del despido en los contratos temporales, actualmente en ocho días, hasta los doce, que se irían aumentando de forma progresiva hasta 2014.
En ninguno de los dos textos que entregó Trabajo figura una de las cuestiones que han provocado la ruptura en las negociaciones: las causas objetivas para un despido procedente, que la patronal reclama ampliar y especificar para conseguir, según denuncian los sindicatos, una menor tutela judicial.
