El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha asegurado que aún confía en llegar a un acuerdo para la reforma laboral "esta noche", en la última reunión que van a mantener el Gobierno y los agentes sociales, aunque más tarde ha admitido que será difícil lograrlo.
Corbacho, además, ha vuelto a negar que el Gobierno pretenda abaratar el despido, y ha asegurado, en la sesión de control del Congreso, que lo que se plantea es "otra cosa": que el trabajador no pierda sus derechos y al mismo tiempo las empresas "puedan ver aligerados sus costes" para facilitar el funcionamiento del mercado laboral.
Por eso ha defendido que se amplíe el uso del contrato de fomento del empleo -que tiene una indemnización por despido improcedente de 33 días en lugar de los 45 días de los contratos fijos-, además de recordar que esta medida no afectará en ningún caso a los más de 14,5 millones de trabajadores indefinidos que tienen derecho a la indemnización máxima.
Sí beneficiará, ha añadido, a los más de ocho millones de personas que están o en paro o "atrapados en la temporalidad con indemnizaciones por despido de ocho días".
En los pasillos del Congreso, el ministro de Trabajo ha recordado a los periodistas que las conversaciones con los agentes sociales finalizan esta noche, y se ha comprometido a "agotar hasta el último minuto" el diálogo para buscar el acuerdo, aunque ha admitido que ve "dificultades" para conseguirlo.
Corbacho ha rehusado contestar si la huelga de funcionarios de ayer afectará a las conversaciones de hoy, y se ha limitado a mostrar su respeto por el derecho constitucional de los trabajadores a secundar el paro.
Además, ha calificado de "especulaciones" las informaciones que apuntan a que el Gobierno ha pactado con los sindicatos que se retrase a después del verano la huelga general en caso de que éstos la convoquen.
Se aprobará el 16 pase lo que pase
Pase lo que pase hoy, ha insistido, el Ejecutivo aprobará la reforma laboral el 16 de junio y, preguntado sobre si el texto final se acercará más a las posturas de la patronal o de los sindicatos, ha apuntado que se acercará "a las tesis del Gobierno y, sobre todo, a lo que necesita España".
En el pleno, el titular de empleo ha pedido al PP que cuando el Gobierno apruebe la reforma demuestre que es coherente y la apoye, sobre todo si se tiene en cuenta que el principal partido de la oposición siempre ha defendido la generalización del contrato de fomento del empleo y eso es lo que pretende hacer el Gobierno.
En este sentido, y durante sus declaraciones a la prensa, ha explicado que a partir de mañana el Gobierno debe empezar a hablar con los grupos parlamentarios de la reforma que pretende aprobar, ya que la tiene que convalidar el Parlamento.
"Parece razonable que antes de ese día (el 16 de junio) los grupos puedan tener un conocimiento oportuno" de la reforma "a través del portavoz del grupo parlamentario" socialista.
Corbacho ha hecho esta precisión después de que la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, preguntada por los periodistas sobre quién se pondrá en contacto con los líderes de la oposición para explicar la reforma, señalara que el ministro de Trabajo sería el encargado de estas cuestiones.
"Como saben, el ministro Corbacho es el encargado de esos temas", señaló Salgado, quien añadió que, "evidentemente, en los próximos días habrá contactos con los grupos".
Reducción del tiempo de trabajo
Por otro lado, el ministro de Trabajo ha insistido en que la reforma incluirá la propuesta de reducción del tiempo de trabajo como alternativa al despido, una medida que se ha aplicado con éxito, ha recordado, en países como Austria, Alemania y, en menor medida, Italia.
En la sesión de control, las explicaciones del ministro no han convencido a la diputada del BNG Olaia Fernández Davila, quien ha advertido de que generalizar el contrato de fomento del empleo o ampliar las causas por despido objetivo son medidas que no van a ayudar a crear empleo.
Fernández Davila ha acusado al Gobierno socialista de estar defendiendo una reforma como la que hizo el PP en 1997 con los "contratos basura", que no sirvió para generar puestos de trabajo, y ha lamentado que no se hagan otras reformas como una del sistema financiero que evite la especulación y que vaya directamente contra los "causantes de la crisis".
Mientras, Carmen Álvarez Arenas, del PP, ha advertido que al final la reforma laboral se hará "como suele hacer Zapatero: como sea", y eso es lo que España "no necesita", porque resta credibilidad al país en el exterior.
