Gobierno, patronal y sindicatos mantendrán el miércoles la última reunión prevista en el calendario para cerrar la reforma del mercado de trabajo, con el desacuerdo como desenlace más previsible ante las grandes diferencias que separan a los agentes sociales, especialmente en el tema del despido.

Después de meses de negociaciones, este episodio del diálogo social quedará cerrado, con o sin acuerdo, a la espera de que el próximo día 16 el Gobierno dé luz verde a un decreto cuyo contenido está en el aire: si hay acuerdo, la reforma laboral que se aprobará la próxima semana será la que pacten los agentes sociales con el Gobierno; si no lo hay, será el Ejecutivo el que apruebe su propia reforma.

Si no hay acuerdo, el Gobierno empezará desde el jueves a negociar su propuesta de reforma laboral con los partidos políticos, según fuentes gubernamentales.El plazo que ha fijado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para debatirla con los partidos, siempre que no haya habido acuerdo con los agentes sociales, es hasta el Consejo de Ministros del miércoles 16 de junio.

De momento, todo apunta a que habrá reforma laboral sin acuerdo, por mucho que la voluntad expresada por las partes sea la de agotar hasta el último instante las posibilidades de pacto. Ante esa circunstancia, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha dicho que tiene "perfilado" un decreto.

De ese decreto que prepara el Ejecutivo sólo se conoce la música, aún falta la letra, pero lo que hay de momento no está gustando a la parte sindical, que ya ha puesto en marcha, al menos en el caso de CC.OO., la maquinaria para preparar una huelga general en toda España.

Los sindicatos llevan semanas advirtiendo de que si la reforma laboral lesiona los derechos de los trabajadores irán a la huelga general y han apuntado al abaratamiento del despido como una de las causas que justificaría la convocatoria de esta movilización.

La reforma del Gobierno va en esa dirección, ya que se plantea que los despidos en empresas en crisis puedan tener una indemnización de 20 días, en lugar de los 45 días que acaban pagando normalmente los empresarios.