El Gobierno se plantea facilitar el despido procedente al empresario que alegue una mala situación económica, según adelantó ayer RNE. La inclusión de esta medida supondría, de hecho, una rebaja del coste del despido, ya que los procedentes, que actualmente suponen tan sólo el 20% del total, implican una compensación de 20 días por año trabajado en lugar de los 45 días de los despidos improcedentes. El documento que prepara el Gobierno aclararía las razones por las que un despido puede ser procedente, convirtiendo en ley algunas de las sentencias del Tribunal Supremo sobre esta materia, según informaba, igualmente, RNE.
Esta sería una de las medidas que baraja el Ejecutivo en su propuesta para la reforma laboral, en cuya negociación se encuentran inmersos tanto el Ejecutivo y como los agentes sociales, apurando los plazos. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio un ultimátum y anunció el pasado miércoles que el Consejo de Ministros aprobaría el día 16 de este mes la reforma del mercado laboral "con o sin acuerdo".
Pese a este aviso, por la noche el nuevo intento de negociación tripartita -Ejecutivo, patronal y sindicatos- fracasaba nuevamente y las partes se volvían a emplazar a un último encuentro del próximo miércoles.
Junto a esta medida, el Ejecutivo estudia, igualmente, implantar el contrato de fomento del empleo con 33 días de indemnización por despido, frente a los 45 de los contratos indefinidos actuales.
Escollos
Hasta ahora, éste ha sido uno de los puntos que está enfrentando a empresarios y sindicatos en la negociación. Los representantes de la patronal han señalado como principal escollo en estas rondas negociadoras el coste y las causas del despido, mientras los sindicatos (UGT y CC OO) han considerado "inadmisibles" estas propuestas. Distintos miembros del Gobierno han avanzado en los últimos días que el Ejecutivo baraja impulsar el contrato de fomento del empleo. La propia secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, admitía que el Gobierno estudia esta posibilidad.
En realidad, esta modalidad de contratación, con 33 días de indemnización, está vigente desde 1997 y no se puede dirigir a hombres de entre 30 y 45 años con menos de seis meses en paro. La modificación que estudia el Ejecutivo es la posibilidad de emplear a este colectivo a través de este contrato y a partir de los tres meses sin empleo. También se incluiría la medida de que todo contrato temporal podría convertirse en uno de fomento del empleo.
Por otra parte, junto a estas medidas de abaratamiento del despido, el texto que preparan los técnicos del Gobierno prevé la penalización de la temporalidad en la contratación. Esto implicaría que, el contrato por obra sólo podrá ser de dos años y que se aumentaría la indemnización por despido de subcontratas para desincentivar su uso.
Las alternativas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) que se han disparado durante los dos años de crisis, serían la implantación del modelo alemán o el austriaco. El primero prevé la reducción de jornada , en vez del despido, en el caso de que una empresa esté en crisis.
La rebaja del salario que implicaría esta decisión sería compensada con las prestaciones del desempleo. Por otra parte el denominado modelo austriaco contempla la constitución de un fondo con las aportaciones de las empresas y del que saldría el pago de 8 de los 33 días de indemnización por despido. Como ya han avanzado varios miembros del Gobierno, la reforma laboral contemplaría un plan de empleo juvenil, así como la revisión de los programas de bonificación.
