La Comisión Europea (CE) quiere que la UE se reserve el poder de sancionar a las agencias de calificación de riesgo e incluso retirarles la licencia, según una propuesta presentada hoy para endurecer la legislación sobre estos organismos.
A estas agencias se les acusa de agravar la crisis de déficit en la Eurozona, al degradar la calificación de Grecia, Portugal y España.
La propuesta del Ejecutivo comunitario responde a una petición efectuada por los líderes europeos en junio de 2009 para incrementar la transparencia y centralizar el control de las agencias, también criticadas por no haber alertado de los riesgos de las hipotecas basura al comienzo de la crisis.
"¿Es normal tener sólo tres actores relevantes (en referencia a las estadounidenses Standard & Poor's, Moody's y Fitch) en un asunto en el que hay una gran probabilidad de conflictos de interés? ¿Es normal que todas provengan del mismo país? ¿Es normal que todas escapen a la regulación fundamental?", dijo hoy el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso.
"Creo que el asunto requiere algo de análisis", indicó Barroso, quien añadió que el Ejecutivo comunitario considera la posibilidad de lanzar una agencia europea de notación.
En este sentido, Barroso explicó que el Ejecutivo comunitario presentará nuevas propuestas en septiembre próximo, con objeto de "fomentar la competencia y los criterios alternativos" en el sector.
"Estamos particularmente atentos a la deuda soberana", agregó Barroso.
El cambio de reglamentación propuesto establece que la futura Autoridad Europea del Mercado de Valores, que formará parte del nuevo marco de supervisión financiera que prepara la UE como respuesta a la crisis, será la encargada de controlar a las agencias y podrá, en "último recurso, retirar la licencia" a una de ellas, en caso de que infrinja la ley reiteradamente.
La autoridad supervisora de los mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) también podrá recomendar a la CE que imponga multas a las agencias, las cuales deberán ser "disuasorias y proporcionales a la naturaleza y seriedad de la infracción, la duración de la misma y la capacidad económica de la agencia", indica el texto.
Fuentes comunitarias explicaron que estas sanciones no podrán superar el 20% de los ingresos anuales de la entidad multada, aunque deberán estar en línea con los beneficios obtenidos al cometer la infracción.
La ESMA también será responsable del registro de las agencias, su supervisión (incluidas inspecciones sobre el terreno) y del aspecto sancionador, lo que incrementará la eficiencia y una aplicación uniforme de las normas en toda la UE.
La CE propone que la ESMA pueda imponer tasas a las agencias, aunque Bruselas no ha especificado más sobre este aspecto.
Asimismo, la iniciativa desea introducir mayor competencia y transparencia en el sector responsable de determinar la solvencia de todo tipo de actores económicos, desde países a empresas, al obligar a facilitar información sobre los productos financieros auditados a todas las agencias interesadas en ellos y no sólo a aquella con la que el cliente haya contratado los servicios de calificación.
En la UE existen 45 filiales de agencias internacionales, la mitad de ellas pertenecientes a las tres principales mencionadas, además de las entidades nacionales, según fuentes comunitarias.
Tanto Barroso como el comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, hicieron hoy un llamamiento a los líderes europeos y a eurodiputados para que lleguen a un acuerdo lo antes posible sobre el nuevo marco de supervisión financiera (incluida la ESMA) para que pueda comenzar a funcionar a principios de 2011.
Por otro lado, la CE presentó hoy un "libro verde" con el que se propone abrir un debate sobre las reglas de gestión interna de bancos e instituciones de crédito para remediar las "profundas debilidades" que, a su juicio, propiciaron la crisis.
Sus principales sugerencias son limitar el número de directores en la junta de gobierno, poner en marcha comités de evaluación de riesgo, separar las funciones del consejero delegado y el presidente del consejo de administración e, incluso, incrementar la responsabilidad legal de los gestores.
La CE ha abierto un proceso de consultas hasta el 1 de septiembre, antes de decidir si realiza una propuesta legislativa o no en este sentido en el primer trimestre de 2011.
Estas dos iniciativas forman parte de un conjunto más amplio impulsado en los últimos meses por la Comisión Europea para extraer las lecciones de la crisis.
En este sentido, Barroso pidió hoy a los gobiernos que apoyen el paquete presentado hasta ahora.
"Las propuestas de la Comisión para una estrategia de crecimiento están claras", pero "sólo podremos lograrlo si los Estados miembros se comprometen a ello y si la sociedad en su conjunto se implica", añadió.
