El presidente de la Federación Alicantina de la Construcción (Fecia), Ramón Jerez, aplaudió ayer las medidas anunciadas por el Gobierno para tratar de sacar al sector del colapso en el que entró tras el estallido de la "burbuja inmobiliaria" en 2007. Jerez se mostró convencido de que la inyección de fondos económicos y beneficios fiscales en la rehabilitación de viviendas puede convertir este sector en un nicho de actividad que frene la sangría laboral que ha sufrido la provincia en los tres últimos años. Periodo en el que en Alicante han desaparecido cerca de la mitad de las constructoras (6.420 de un censo de 14.400 mercantiles, según el balance del pasado 31 de diciembre), lo que supuso el paro para 37.840 trabajadores.
Ramón Jerez sostiene que el sector alicantino de la construcción cuenta con sociedades y material humano capaz de reciclarse de inmediato -"si llevamos años haciendo casas cómo no vamos a saber rehabilitarlas", subrayó- y reclama a empresarios, trabajadores y Administración que "arrimemos el hombro para salir cuanto antes de este periodo nefasto".
El presidente de Fecia celebró la iniciativa del Gobierno basada en que el sector se apoye en la rehabilitación del patrimonio inmueble y en la promoción de VPO para salir de la crisis. Jerez recordó, en este sentido, que "hace cuatro años que llevo pidiendo un plan integral centrado en la rehabilitación. Me parece una idea magnífica que requerirá, además, de mano de obra cualificada con la que contamos en Alicante. De hecho, desde Fecia estamos promoviendo en los últimos meses la implantación del carnet profesional que será obligatorio a partir de 2012 y que resulta vital para el futuro, porque a partir de entonce nadie podrá entrar en una obra si no cuenta con este carnet".
Jerez apuntó, por otro lado, que "no es que estemos hablando ahora de que ya no se van a construir viviendas. Seguirán haciéndose. Todo es compatible pero es urgente que todos cambiemos el chip y creo que ya se está haciendo. No pienso, por ejemplo, que el anuncio del Gobierno se haya producido sin contar con las entidades de crédito y el Banco de España".
El presidente de la patronal alicantina de la construcción aseveró, por otro lado, que "trabajo para rehabilitar viviendas hay para rato y en toda la provincia. Hay que recuperar los centros urbanos, no se puede pretender vivir todos en el extrarradio", señaló Ramón Jerez.
Falta por constatar, por otro lado, el efecto que tendrá la iniciativa del Gobierno, si al final se concreta, entre los promotores, que son los que tienen que construir las VPO que también pretende potenciar el Ejecutivo. En la provincia existe un stock de viviendas libres sin vender cercano a las 30.000 casas y sólo 650 de éstas han sido calificadas como pisos protegidos.
La mayoría de los promotores consultados por el periódico ha optado por esperar antes de iniciar cualquier proyecto nuevo, ajustando los precios y confiando en que en el segundo semestre de este año la situación mejore.
Por otra parte, las principales inmobiliarias cotizadas cerraron 2009 su segundo año con pérdidas millonarias, aunque fueron considerablemente menores, a pesar de que de que la actividad sigue sin recuperarse, gracias al efecto positivo de haber destinado menores fondos a cubrir la depreciación de sus activos. Reyal Urbis, Metrovacesa, Martinsa-Fadesa, Colonial, Realia, Renta Corporación, Testa y Afirma registraron en 2009 unas pérdidas conjuntas de 2.365,7 millones, el 71,8% menos que un año antes, en tanto que sus ingresos totales cayeron el 40,8%, hasta 3.820,1 millones de euros.
Satisfacción entre las pymes
El presidente de Cepyme Alicante, Juan José Sellés, mostró ayer su satisfacción por la propuesta del Gobierno para facilitar financiación a las pequeñas empresas y los autónomos con créditos directos del ICO de hasta 200.000 euros. "Es una buena solución y, por primera vez, vemos una medida realmente pensada para las pymes", aseguró Sellés que, no obstante, considera que la propuesta llega "como mínimo un año tarde", cuando muchos pequeños negocios ya se han visto obligados a cerrar por falta de crédito. Del mismo modo, el presidente de Cepyme también ve con buenos ojos que el Gobierno limite a 30 días el plazo que tienen las administraciones públicas para pagar sus facturas aunque puso en duda que pueda llegar a aplicarse. Además, Juan José Sellés expresó su temor de que la anunciada subida del IVA a partir del próximo 1 de julio anule los efectos beneficiosos de estas medidas. "No se puede dar confianza por un lado y meter miedo por el otro", se lamentó. Informa D. Navarro.
