Los juzgados admiten en seis meses más de 3.000 despidos improcedentes

P. GUZMÁN Cierre de empresas, despidos, regulaciones de empleo y largas colas de desempleados ante las oficinas del Inem continúan dibujando el panorama económico de la provincia, mientras llega y no llega la esperada reactivación económica. Una reactivación que ya se anuncia lenta y difícil y que todavía no ha concedido una mínima tregua a la economía alicantina, "especialmente vulnerable" por su elevada dependencia de sectores en "caída libre", como la construcción, según alertan los sindicatos. En un reflejo más de esta complicada situación y dentro de la cascada de datos negativos que constituyen el termómetro de la actividad provincial, los juzgados de lo Social de Alicante resolvieron 3.129 casos de despidos improcedentes sólo en los primeros seis meses del año. Hasta 1.404 más que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo.
La especialmente complicada coyuntura del primer semestre del año ha provocado que los casos de despidos representen ya prácticamente la mitad (48%) del volumen de trabajo tramitado por los juzgados de lo Social en la provincia. Un año antes representaban el 30%. Una circunstancia sobre la que CC OO llama la atención, teniendo en cuenta que los juzgados constituyen el "último recurso", tras fracasar en primer término las negociaciones entre el trabajador y la empresa y tras tampoco alcanzarse un acuerdo en los servicios de mediación y conciliación. "La abultada cifra de despidos que llega a los juzgados -y que no incluye a los otros tantos cerrados con acuerdo ni a los resueltos por conciliación??-, no sólo demuestra la constante destrucción de puestos de trabajo en esta provincia sino también la falta de voluntad de muchos empresarios a la hora de cumplir sus obligaciones con los trabajadores", destaca Salvador Roig, responsable de Comunicación de CC OO l'Alacantí-Les Marines.
Las indemnizaciones decretadas por los juzgados a los trabajadores en los asuntos resueltos en el primer semestre alcanzan los 27,8 millones de euros, cantidad que arroja una media de 8.894 euros por trabajador. CC OO advierte, no obstante, de que el reconocimiento de las indemnizaciones por parte de los juzgados no implica "necesariamente" que los empresarios asuman el pago, ya que en muchos casos las obligaciones se derivan al Estado, a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Roig destaca en este sentido que Alicante es una de las provincias que más recurre a los fondos del Fogasa. Concretamente, el organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, ya ha tenido que destinar en lo que va de año 25,3 millones de euros para cubrir las indemnizaciones y salarios de 6.273 trabajadores de la provincia. CC OO insta así a reforzar el control y "mirar con lupa" los casos de las empresas que derivan sus obligaciones.