EFE. MADRID
La guerra abierta que mantienen Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón por el control de Caja Madrid alcanzó ayer de lleno a la dirección nacional del PP, que hasta ahora había intentado desvincularse del conflicto y sólo había aceptado mediar de manera informal. Sin embargo, ahora el Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido deberá decidir si sanciona o incluso expulsa al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por asegurar que es "de vómito" lo que el entorno de la presidenta de la comunidad están haciendo para evitar que Rodrigo Rato sea presidente de la entidad.
El "número dos" de Gallardón realizaba estas afirmaciones en una entrevista con El País, en la que también denuncia las maniobras y la "hipocresía" de Esperanza Aguirre y de su entorno, con los que está enfrentado desde hace años. Recordó, en este sentido, que la propia presidenta del PP madrileño aseguraba en sus mítines que Rato había sido el factor del "milagro económico español" cuando ahora lo coloca "en un escaparate de cloacas".
Nada más conocer la entrevista, Esperanza Aguirre anunciaba la convocatoria de una reunión de urgencia del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid y calificaba de "absolutamente idiota" que se establezca un enfrentamiento en el seno de su partido en torno a quién debe ocupar la presidencia de Caja Madrid. Igualmente, negó cualquier tipo de conflicto con el ex vicepresidente y señaló que "mucha gente de Rato trabaja conmigo".
La activación del proceso no le sentó nada bien a Manuel Cobo, que recordó las críticas de Aguirre a Mariano Rajoy, cuando dijo que la dirección nacional "lo estaba haciendo no mal, si no muy mal", y que entonces nadie le amenazó con llevarla ante ningún comité. Cobo recibió también el apoyo explícito de Alberto Ruiz-Gallardón, quien destacó la "profunda lealtad" de su número dos hacia el partido. Esto no fue suficiente, sin embargo, para librarle de la reprimenda pública de la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, quien pidió que las afirmaciones y críticas "que tengan que ver" con el partido se formulen en el ámbito de sus órganos internos.
La reunión del comité madrileño acabó con el traslado del asunto al Comité Nacional de Derechos y Garantías, el único que según los estatutos de la formación puede decidir sobre Cobo, dado su cargo. Este órgano deberá valorar si el vicealcalde ha cometido una infracción disciplinaria y si ésta es leve, grave o muy grave. De ser así, se le aplicaría una sanción que puede ir desde un simple apercibimiento hasta la expulsión del partido, como pretende la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El escándalo provocó también la reacción del Gobierno. La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, consideró "inaudita" la lucha de poder que hay en el PP por Caja Madrid y afirmó que el Ejecutivo espera que las contiendas partidistas queden "fuera del devenir" de esta entidad.