Las pymes exigen que se acorten los plazos de los pagos para reducir la morosidad

R. C. La Confederación de Organizaciones de la Pequeña y Mediana Empresa de la Comunidad Valenciana (Cepymeval) considera necesario modificar la actual Ley de Morosidad para reducir los plazos de pago -el promedio está en 30 días, aunque los denominados "pactos en contrato" permitirían una ampliación-, ya que en los actuales momentos de crisis las demoras afectan de "forma alarmante" a las empresas de menor dimensión y, en muchos de los casos, las sitúa al borde del cierre, según se expuso ayer en la reunión de la junta directiva de esta organización empresarial, que desde el pasado mes de agosto preside el alicantino Juan José Sellés.
Las dificultades de financiación por las restricciones crediticias de las entidades bancarias a pymes y autónomos y la caída de la demanda han "aumentado las cifras de morosidad", añadió el presidente de Cepymeval, el alicantino Juan José Sellés.
De ahí que estas empresas reivindiquen una limitación de los plazos de pagos "en sintonía con la media de la Unión Europea", así como establecer garantías que aseguren los pagos y "agilizar los procedimientos judiciales de cobro". Las pymes de la Comunidad consideran "imprescindible" modificar la Ley 3/2004, que establece medidas contra la morosidad, "pero que no ha resuelto el problema, ni en el caso de las operaciones entre empresas, ni entre las empresas y las administraciones públicas", advertía Juan José Sellés.
Un posicionamiento similar tienen los proveedores alicantinos del sector de la construcción, que se agrupan bajo la federación Fedmad. Estos empresarios apoyan una iniciativa de los grupos políticos de Cataluña "que pronto se presenterá en el Parlamento" para modificar la Ley de Morosidad, según Vicente Cerezo, secretario general de Fedmad. La normativa prevé un plazo de 30 días, si bien la demora puede alargarse al acogerse a la excepción de "salvo pacto en contrato". Los empresarios reclaman que se anule este párrafo y se limite el plazo máximo a 60 días, según explicó Cerezo, quien estima que la demora que sufre la industria auxiliar de la construcción puede elevarse, actualmente, a 240 días.
Por otra parte, en relación con el aumento de los impagos, estos días se ha conocido un estudio de la compañía de ámbito estatal de servicios financieros Corfisa Financial que eleva de 115 a 143 días de media el retraso en los cobros entre empresas desde 2007 al tercer trimestre de este año. El análisis sobre los plazos en los pagos entre empresas muestra cómo las compañías han incrementado en un 24% los días entre la emisión de un pagaré y la fecha de vencimiento", según el consejero delegado de Corfisa, Javier Rodríguez.
El informe, realizado sobre una base de datos de 50.000 clientes de todas las actividades, establece, igualmente, que los sectores que más tardan en cobrar son la agricultura (258 días); la construcción (142 días); las actividades inmobiliarias (154 días); el calzado (105 días); el comercio (86 días) y la hostelería (75 días). El textil, por contra, ha bajado los plazos de pago de los 78 días de demora de principios de 2007 a los actuales 62, como media, según el estudio, que ha analizado detalladamente los efectos de comercio emitidos (pagarés, letras de cambio y recibos domiciliados).
Los efectos más inmediatos de la morosidad se refleja en los balances empresariales y "ahoga" el normal desarrollo de la actividad, del capital circulante, los gastos corrientes de salarios, agua, luz o de alquileres. "Los gastos corrientes no esperan", confirmaba Francisco Rovira, secretario general del pequeño y mediano comercio (Facpyme). Las empresas tienen necesidad de financiación y la alternativa es "acceder a ella a través de las entidades bancarias, pero a precios desorbitados, o "tener riñón", es decir, tesorería y no todas las pymes tienen esa capacidad económica", se lamentaba Rovira.