Suben un 31% en tres meses los hogares de Alicante con todos sus miembros en paro

R. CARRIZOSA El zarpazo del paro y la crisis económica no dan tregua a los hogares alicantinos. Al cierre del pasado año, en el 5% de las 720.100 viviendas familiares censadas en la provincia ninguno de sus integrantes percibía ingreso alguno y en un porcentaje muy similar, en 36.500 hogares todos sus miembros se encontraban sin trabajo. Esta última cifra -el 5,1% del total- supone que esta situación la sufren 8.600 familias más (+30,8%) en relación con las 27.900 contabilizadas tres meses antes, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2008.

Si en el último año y medio las familias han tenido que hacer frente a los efectos de la subida de los precios de los alimentos básicos y del encarecimiento de las hipotecas, ahora en los momentos más crudos de la crisis económica y financiera se encuentran con las más graves consecuencias del desempleo.

Las 36.500 viviendas en que todos sus integrantes en edad laboral (activos) están en paro no sólo representan 8.600 más que en el tercer trimestre, sino que suponen 11.500 hogares más que atraviesan esta difícil situación en relación con los 25.000 de finales de 2007. El rosario de despidos individuales, regulaciones de empleo y cierres empresariales son la causa más directa de esta radiografía que presenta actualmente el mercado socio-laboral provincial.

Para algunos hogares, incluso, la situación es más grave. Las 35.800 viviendas en las que ninguno de sus integrates percibe algún ingreso representan 1.900 más con respecto al tercer trimestre de 2008, aunque el crecimiento se modera hasta las 1.200 si se compara con el cuarto trimestre de 2007. En este caso, la evolución del desempleo muestra que el mayor impacto se ha registrado en los últimos meses del pasado año, periodo en el que, probablemente, muchos parados hayan agotado no sólo las prestaciones contributivas, sino los subsidios y otras ayudas.

Otros datos de la EPA revelan también que en el 18,2% de los 720.100 hogares de la provincia alguno de sus miembros está en paro y en el 14,2%, la mitad se encuentra en esta situación.

Por contra, la estadística muestra en el otro lado de la balanza que en 385.200 viviendas, es decir el 53,5% del total, todos sus miembros tienen trabajo. No obstante, esta cifra es inferior a los 402.700 hogares que disfrutaban de esta situación en el tercer trimestre del pasado año, lo que representa que tres meses después la coyuntura se ha vuelto adversa para 17.500 hogares provinciales (-4%) que antes registraban "pleno empleo". Con alguno de sus miembros o más ocupados se encuentra el 66,8% de los hogares. Entre ellos, en el 57,7% de los casos tiene algún ocupado asalariado y en el 51,1%, todos los ocupados están asalariados.

Mejorar las prestaciones

Para los sindicatos, el deterioro que muestra el mercado laboral alicantino "justifica la manifestación del próximo sábado en las tres provincias de la Comunidad", según argumentaba Óscar Llopis, secretario general de UGT en l´Alacantí. Para las organizaciones sindicales, el objetivo prioritario en la actual situación de crisis es la protección social, "que no se deje a ningún trabajador sin prestación".

De ahí que UGT reclame mejores coberturas que garanticen y mejoren las prestaciones contributivas, los subsidios y las ayudas a los parados afectados por expedientes de regulación de empleo, según subrayaba Llopis. Especialmente, reclaman la protección "para los colectivos más desfavorecidos como el de las mujeres trabajadoras que al haber sufrido mayor precariedad laboral, tienen menores prestaciones contributivas", añadía el dirigente sindical. Las proporción estadística de perceptores es clara un 60% /40%, aproximadamente, a favor de los hombres, según UGT. Las prestaciones por desempleo se incrementaron el pasado año un 47,9% en la provincia al pasar de los 417,6 millones abonados por la Tesorería de la Seguridad Social en 2007 a los 617,9 del ejercicio pasado, según el último balance estadístico.

La línea del umbral de pobreza

Los hogares de la provincia sin perceptores de ingresos (35.800) y las más 23.000 personas que sobreviven en Alicante con el subsidio de 421 euros son dos claros argumentos sindicales para reclamar a las administraciones la mejora y refuerzo de las prestaciones sociales "para no abocar a muchos trabajadores, una vez que agoten la prestación o el subsidio a situaciones de pobreza", subrayaba Salvador Roig, responsable de comunicación de CC OO en l´Alacantí-Les Marines. Una de las reivindicaciones de este sindicato se dirige directamente a la Generalitat. "El Consell debe poner en marcha inmediatamente la Ley de la Renta Mínima Garantizada, que ahora tiene bloqueada, que está contemplada en el Estatuto y que entró en vigor en octubre de 2007", añadió Roig. Esta normativa es "una herramienta básica para proteger a las familias y una de las medidas para luchar contra la pobreza".