Los proveedores de la construcción piden ayuda al Consell al aumentar los impagos

R. CARRIZOSA Las empresas alicantinas de materiales de construcción y derivados del cemento han decidido pedir ayuda a las administraciones central y autonómica para salir del colapso que sufren por el alto índice de morosidad del sector de la construcción, atenazado por la caída de ventas y la restricción crediticiia. El brusco frenazo del sector inmobiliario, su principal cliente, ha aumentado la inseguridad en los cobros, así como los impagos por insolvencias o concursos de acreedores (antiguas suspensiones de pagos).
Más de cincuenta representantes de 32 empresas de derivados del cemento de la provincia, Valencia y Albacete se reunieron ayer en la sede del Coepa para abordar esta situación. El presidente de la Federación Empresarial de Derivados del Cemento y Materiales de Construcción (Fedmad), José Miguel Gil de Miguel, confirmó que ante "la difícil situación, hemos decidido recurrir a la Administración". Al conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, ya le han trasladado sus propuestas, pero con el titular de Infraestructuras, Mario Flores, aún están esperando reunirse, "pese a que hace tres meses que solicitamos la entrevista".
Una de las reivindicaciones a las administraciones -"a nivel estatal ya lo hemos hecho", dijo Gil- es que "presionen" para que se cumpla la Ley de Morosidad, que prevé un promedio de 30 días de plazo de cobro. En la práctica, de la media de 180 días de la época del "boom" inmobiliario se ha pasado actualmente a 240. La segunda medida es el compromiso de las administraciones de que "en las obras públicas las garantías de cobro se extiendan a los proveedores del material", añadió Gil. En estos momentos, la deuda contraída por la construcción con la industria auxiliar se elevaría a unos 90 millones en España, de los que un tercio afectaría a los de la Comunidad, Murcia y Albacete. El sector de derivados del cemento lo conforman en Alicante unas 180 firmas y más de 2.700 trabajadores.