EUROPA PRESS
Una vez finalice este plazo, que ha estado abierto desde el pasado 28 de octubre, la entidad estatal Sepes evaluará las ofertas durante un periodo de cuatro meses antes de tomar una decisión de compra. A continuación, la oferta tendrá una vigencia de cuatro años.
El Gobierno invertirá inicialmente 300 millones de euros, a los que se sumarán otros 130 millones en la urbanización. Además, está previsto que las viviendas protegidas que construyan los promotores, tanto públicos como privados, generen una inversión de 2.400 millones de euros, con un efecto económico de hasta 2.780 millones de euros y permitan la construcción de entre 15.000 y 20.000 VPO.
Según las bases técnicas de oferta, las parcelas ofrecidas deberán tener una superficie que permita la construcción de al menos 300 viviendas, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde el mínimo será de 150 viviendas.
Asimismo, la oferta se destina para los municipios de más de 20.000 habitantes, dando prioridad a las propuestas que consoliden zonas urbanas, por lo que se atenderá preferentemente ofertas próximas a núcleos urbanos y en zonas degradadas o que unan dos desarrollos. Además, sólo se acometerán operaciones económicamente viables y en las que Sepes tenga la iniciativa urbanística.
Por otro lado, el pliego de condiciones establece que al menos el 50% de cada ámbito se adquiera a precio de vivienda protegida de alquiler o de precio básico, mientras que el resto podrá ser una combinación del precio del suelo de los otros tipos de vivienda protegida. A este suelo se le descontarán todos los costes que sean necesarios para la transformación de los terrenos.
Fuentes de Sepes no precisaron el número de propuestas recibidas hasta la fecha, si bien la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, señalaba hace menos de un mes que la iniciativa estaba "respondiendo a las expectativas".
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