Afectados estudian reclamar al Banco de España por «no haber intervenido» en el producto financiero

EUROPA PRESS La asociación de perjudicados por la presunta estafa cometida por la inmobiliaria alicantina Riviera Invest --de la que varios de sus directivos han sido detenidos y pasarán mañana a disposición judicial-- está estudiando la posibilidad de presentar una reclamación patrimonial al Banco de España por haber permitido que se publicitara un producto financiero "sin intervenir", según aseguró hoy el abogado del colectivo, José Luis Escobar.

El negocio de Riviera Invest estaba dedicado a la construcción de promociones inmobiliarias que, posteriormente, vendían al cliente con el compromiso de gestionar en su nombre el alquiler de los pisos a estudiantes y personas de la tercera edad y devolverles una rentabilidad, que comenzó siendo de un 7 por ciento para pasar al 6 por ciento.

El letrado subrayó que en esa promesa de interés está "la base del fraude" y recalcó que lo que ofrecía la inmobiliaria era un producto financiero que hubiera requerido, dijo, la intervención del Banco de España. Por ello, aseguró a Europa Press que "estamos estudiando si la actuación de la entidad fue correcta o no y, en este caso, la posibilidad de presentar una reclamación patrimonial".

Escobar señaló que ahora la "máxima esperanza" de los afectados es que a través de la investigación "se siga el rastro del dinero", que según las sospechas de los perjudicados podría encontrarse en diversas cuentas y entidades bancarias de Marruecos, donde, al parecer, los responsables de Riviera Invest "tenían intereses y hacían muchos viajes", apuntó.

De otro modo, reconoció, será difícil que los afectados puedan recuperar la inversión, ya que las diversas sociedades creadas por Riviera Invest han declarado la suspensión de pagos y los pocos terrenos que quedan con algo de valor están hipotecados.

Asimismo, el abogado aseguró que el montante total de la presunta estafa es "incalculable" porque todavía no se conoce con exactitud el número de afectados, la mayoría de los cuales se concentran en las zonas de Alicante, Andalucía y Murcia.

De igual modo, recordó que además de clientes particulares, la inmobiliaria ha contraído deudas con numerosos proveedores. De hecho, debe unos 12 millones de euros a bancos y otros ocho figuran en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI).



Lo que sí aseguró Escobar es que la estafa alcanzará cifras "mucho más grandes de las que se habían calculado en un principio".

Finalmente, el abogado instó a todas las personas que puedan haber resultado afectadas que se pongan en contacto con la asociación, que dispone de un blog en perjudicadosriviera.webwordpress.com.