EFE. MADRID
Gobierno, sindicatos, partidos políticos y autónomos consideran una agresión al derecho de los trabajadores el acuerdo alcanzado ayer por los 27 ministros de Trabajo de la UE para ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales. La propuesta deberá ser aprobada por la Eurocámara.
El Gobierno español rechaza la directiva europea, según el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien anunció que España trabajará en el Parlamento europeo para revisarla.
También todos los partidos políticos, excepto el PP, consideran que la directiva supone un recorte social. El PP acusó al Gobierno de "confundir" a la sociedad porque la directiva "no es obligatoria" y se ciñe a un problema de las guardias médicas.
La diputada de UPyD, Rosa Díez, calificó de "retroceso histórico" la medida. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se trata de "un escándalo" que niega "la propia historia política y social de la Unión Europea".