JORGE FAURÓ
Agricultores y transportistas de la provincia de Alicante se unieron ayer a otras organizaciones afines del resto de España para intensificar la presión sobre el Gobierno central en pos de una legislación que garantice compensaciones por la subida de los carburantes.
La organización agraria Asaja-Alicante, habitualmente enfrentada al Gobierno socialista, acordó en su XXII asamblea general la convocatoria de movilizaciones "ante el encarecimiento excesivo de los carburantes y del resto de costes de producción". La organización provincial que preside Eladio Aniorte emitió un comunicado para reivindicar que "el sector agropecuario tiene el mismo derecho que los pescadores para tener un gasóleo profesional con unas condiciones económicas más factibles".
La asamblea de Asaja dedicó gran parte del tiempo a debatir "la difícil situación que atraviesa el sector agropecuario a consecuencia de los altos costes de producción, de la escasa o nula rentabilidad que obtienen los agricultores, los ruinosos precios en origen o la falta de recursos hídricos para regar las tierras".
El transporte, sin embargo, evidenció síntomas de división interna. Poco antes de la medianoche del miércoles, la federación provincial (Fetrama) emitió un acuerdo de su junta directiva, según el cual, "se acordó apoyar las negociaciones que actualmente mantiene con el Gobierno del Estado nuestra Confederación Española CETM-Conetrans", en el que se proponen 35 medidas para compensar al sector como consecuencia del incremento del precio de los carburantes y otros problemas de la actividad.
El comunicado, enviado desde Fetrama y que condiciona posibles medidas de presión a que el Consejo de Ministros acuerde hoy medidas de apoyo aparece firmado por la Junta Directiva.
Ayer, sin embargo, el vicepresidente de Fetrama, José Quirant, publicó otro escrito que rebate la nota oficial y en el que se asegura que "en la junta directiva del 3 de junio, se determinó secundar el paro, aun descolgándonos de Conetrans, si el Ministerio no empezaba a legislar en el día de mañana [por hoy] algunas medidas reales para afrontar la crisis del transporte en nuestro país".
En las medidas planteadas, ninguna de las dos versiones de la junta directiva difieren demasiado, y entre ellas, se cita la cláusula de revisión por aumento del precio del combustible; establecimiento del pago obligatorio del transporte a 30 días de la fecha de emisión de la factura; o limitar a un número determinado de operaciones de subcontratación sucesiva en la cadena del transporte. Quirant añade en su comunicado que "no encuentra sentido a las manifestaciones, que desde la sede de Fetrama se han remitido en nota de prensa. La pugna existente entre nuestras asociaciones en momentos tan delicados e insostenibles, nos esta llevando a un clima de inestabilidad, de posibles piquetes entre compañeros, de camiones endeudados, y de indefensión ante el gobierno. En este momento, solo unidos podremos conseguir algo", remata el vicepresidente de Fetrama.
En el resto de España, ayer fueron taxistas y transportistas de varias provincias quienes se manifestaron, y hoy los pescadores de A Coruña volverán a regalar pescado y a amarrar la flota al muelle.
España se une a otros países y pide ayudas para la pesca
La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, anunció ayer que España tiene previsto unirse a otros países para reclamar a la Comisión Europea una vía que permita ayudar a los pescadores por el impacto de la subida del gasóleo.
La ministra señaló que España "ha dado la ayuda hasta el límite máximo autorizado por la Unión Europea" y no desea incumplir la normativa "de la forma que han incumplido otros países, que ya han sido sancionados o que se están viendo metidos en un proceso de devolución de dinero".
Según destacó Espinosa, "el margen de maniobra queda dentro del Fondo Europeo de la Pesca".
En este sentido, la ministra reclamó ayer a la Comisión Europea "flexibilidad" para poder usar este fondo ya que, a su juicio, ésta es la única medida adicional que puede tomarse para afrontar la crisis.
Planes nacionales
La ministra de Medio Ambiente explicó que la "dificultad" para usar el Fondo de la Pesca es que los planes nacionales de cada país ya se aprobaron antes de la crisis actual, y que en el caso de España se ha dado "margen" a las comunidades autónomas para que adapten las ayudas europeas a sus propias necesidades.
"Sin embargo, si tuviéramos flexibilidad se podrían cambiar instrumentos que hoy están en marcha y dedicarlos a a mejorar la rentabilidad de la actividad pesquera", indicó.
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