F. J. B. / R. C.
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l conseller de Vivienda, José Ramón García Antón, anunció ayer en Alicante que está ultimando con la oposición la redacción de un decreto que derogará la orden del ex conseller Rafael Blasco por la que todos los ayuntamientos debían destinar a la construcción de vivienda protegida las parcelas que reciben de los promotores en las negociaciones para el desarrollo de un PAI. El decreto se aprobará en junio o julio y dejará vía libre a los consistorios para que el suelo que reciban pueda destinarse a otros usos públicos, "según las necesidades, como plazas, parques u otras infraestructuras", explicó el conseller. Esta medida y otras complementarias las explicó ayer García Antón ante un centenar de empresarios en unas jornadas organizadas por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca);, que preside Joaquín Rocamora y en las que se abordó el actual momento de parón inmobiliario y crisis financiera (más información en página 18);.
Conjuntamente a otro decreto ley que adaptará la normativa autonómica sobre vivienda protegida a la estatal, las actuaciones del Consell van encaminadas a modular las reservas de viviendas protegidas para adecuarlas a las demandas efectivas, crear la figura específica de las "áreas residenciales prioritarias" para promover VPO, la modificación del régimen de los patrimonios públicos de suelo, así como potenciar que en actuaciones de gestión directa la retribución al urbanizador se haga en suelo "en vez de en metálico", incidió Antón.
Las medidas que prepara el departamento de Vivienda, "junto al resto de grupos políticos y dentro del pacto urbanístico" conseguirán frenar las reticencias de los ayuntamientos a liberar suelo público para VPO "al ajustarse más los precios a los del mercado, aunque sin llegar al máximo que establece el Estado", quiso subrayar el conseller. "Igualmente, se logrará que los precios resulten más atractivos para los promotores, al mismo tiempo que se agiliza la tramitación de los planes urbanísticos, que es una de las principales demandas del sector", incidió. Los estudios previos para elaborar el decreto de medidas urgentes calculan que los ayuntamientos aumentarían los ingresos al crecer, al menos, un 15% el valor del suelo.
El miembro del Consell también añadió que el próximo Plan Estratégico de Vivienda 2008-2011 prevé la construcción de 80.000 pisos protegidos en la Comunidad, de los que el 40%, es decir, 33.000 corresponderían a Alicante.
Rigidez del sector
Durante su intervención en la clausura de las jornadas de Ineca, García Antón instó a los promotores a diversificar su negocio y a "ser un sector menos rígido". Para el conseller, los empresarios se han centrando en los últimos años en una "determinada demanda" como la construcción residencial y advirtió de que una mayor apertura a otros mercados como el del alquiler o el hotelero, "haría que el ajuste fuera más suave".
El titular de Vivienda también recogió el guante lazando por los promotores sobre la necesidad de agilizar los plazos de los trámites urbanísticos y no sólo explicó detalladamente la batería de actuaciones que realizará su departamento -"que estarán antes del verano"- sino que aseguró que "no hay parón en la Comisión Territorial de Urbanismo", en la que "se han aprobado muchos planes, pero tenemos que aplicar la legislación, por lo que puede resultar más complicado", argumentó.
El conseller, incluso, lanzó un guiño a los empresarios al asegurar que en el órgano territorial "no se tiene ningún tipo de miedo a que haya campos de golf, siempre que cumplan las condiciones". La multiplicación de este tipo de instalaciones deportivas y de ocio han centrado en los últimos años las críticas de los detractores del modelo de desarrollo urbanístico de Alicante al entender que el gasto hídrico que suponen y su profusión en el territorio chocaba con las necesidades de agua que sufre la provincia.
Los promotores, por su parte, han rebatido esa idea, asegurando, además, que el agua que se suele utilizar proviene de la reutilización.