Más de 41.800 parados de la provincia no cobran la prestación en plena crisis

R. CARRIZOSA M
ás de 41.800 parados alicantinos, un 38,42% de los 104.164 totales registrados en marzo de este año, no recibe ningún tipo de prestación social en plena crisis de las economías domésticas. Esta situación afecta a seis mil personas más que a finales de 2007, pese a que en el último año han aumentado los beneficiados de las ayudas.
La larga bonanza vivida por el sector de la construcción y su frenazo actual han provocado dos efectos -aparentemente, contrarios, aunque lógicos- en la evolución del desempleo provincial. Por una parte, el "boom" favoreció la contratación y ha propiciado que en el último año se haya incrementado el número de trabajadores en paro que pueden acceder a las ayudas. Sin embargo, desde finales de 2007, coincidiendo con el parón inmobiliario, los excluidos de las prestaciones se han disparado. De los 35.804 parados alicantinos que no tenían derecho a percibir la subvención se ha pasado a los 41.864 actuales. Las causas se encuentran en la precariedad laboral. Un encadenamiento de contratos de corta duración en los puestos de trabajo impide a un gran número de empleados provinciales poder acceder a las ayudas del paro, para las que se exige un mínimo de cotización de un año para cobrar tres meses el desempleo.
El número de beneficiarios de ayudas ha aumentado un 19,9%% desde marzo de 2007 y un 25% el montante de las ayudas "porque muchos de los desempleados han acumulado durante la época de bonanza periodos de cotización que les han permitido acceder a estas prestaciones", incidía la responsable de Empleo de CC OO en l´Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro. Sin embargo, la responsable sindical advertía de que pese a que "es un buen dato" que haya aumentado en 10.369 el número de parados con ayudas hasta superar los 62.000 y que éstas hayan alcanzado el montante total de 127.563.918 euros en el primer trimestre, "todavía hay una cifra preocupante de 41.864 de trabajadores-familias provinciales que están fuera de cobertura en pleno periodo de desaceleración económica". Navarro considera que "alguien (refiriéndose a las administraciones); debería hacerse cargo de ellas porque no se sabe cómo están sobreviviendo". La cifra, además, puede ser "un indicador muy válido no sólo para valorar el nivel de la precariedad laboral que sufren muchos trabajadores alicantinos, sino el de la economía sumergida", añade Navarro.
Las tasas de parados sin cobertura han variado en los últimos cuatro años. En 2004 representaban el 29% del total para superar a principios de enero de 2006 el 51%, bajar a finales de 2007 al 40% y volver a descender en marzo de este año al 38,42%. Pero estas variaciones porcentuales se corresponden con unos años en que el paro no arrojaba las abultadas cifras actuales, de más de 100.000 desempleados.
El trabajo irregular suele ser el refugio más efectivo para los trabajadores expulsados del mercado laboral, excluidos de las prestaciones y obligados a sostener económicamente a su familia y llegar a fin de mes. Con especial virulencia sufren las consecuencias del desempleo el colectivo de inmigrantes.
Los últimos datos de enero de la deuda hipotecaria de los hogares españoles arroja una cifra récord de 649.297 millones, lo que supone un crecimiento del 12,9%, según el Banco de España.
Pese a que este aumento es inferior al de los últimos cinco años, el endeudamiento aún sigue lastrado por los préstamos hipotecarios, ya que los hogares todavía tienen que destinar un 46,2% de su renta bruta a financiar compra de la vivienda. Además, desde mediados del pasado año, los precios de alimentos básicos han encarecido la cesta de la compra, casi en paralelo con el de los productos energéticos y en menos de dos meses, las familias tendrán que afrontar otro aumento de, probablemente, un 11% por la factura eléctrica, según la última propuesta de la Comisión Nacional de la Energía, que tendrá que aprobar el Ministerio de Industria.
Si hace dos años, los alicantinos sólo podían ahorrar 17,77 euros de los 100 que entraban en su casa, los niveles para economizar los ingresos se pueden ver ahora seriamente mermados.

CC OO reclama flexibilizar el acceso a las subvenciones

Para la responsable de Empleo y Mujer de CC OO en l´Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, la clave para resolver los altos niveles de parados sin prestación que presenta la provincia se encuentra en la respuesta a la pregunta "¿cuánto tiempo tiene que permanecer un trabajador en el desempleo para poder acceder a la cobertura?". En estos momentos, la norma establece que el mínimo de cotización laboral para percibir durante tres meses las ayudas del paro es de doce meses. "Pero este sistema implica cierta desproporción, ya que una gran mayoría de empleados provinciales tiene contratos de corta duración -de semanas y tres meses-, por lo que tienen que esperar mucho tiempo para acumular los doce meses de cotización a la Seguridad Social, mientras que, una vez, se ha conseguido el acceso a la cobertura, sólo tienen derecho a tres meses de percepción del paro", añadía Navarro. La representante sindical cree que "habría que plantearse una flexibilización en los tiempos para aumentar el periodo de las prestaciones". Por otra parte, otra de las consecuencias negativas de la precariedad laboral es que las subvenciones medias provinciales son inferiores a las medias autonómica y estatal. Un parado alicantino cobra 934,6 euros al mes, frente a los 1008,9 de otro de la Comunidad y los 996,1 de un español.